Según el Informe Mach de la Cámara Chilena de la Construcción y cifras del Gobierno, los cuatro años anteriores se entregaron 153.000 viviendas sociales en el país, cifra que dista mucho de las 260.000 viviendas comprometidas para estos cuatro años. Estamos hablando de 107.000 unidades más. 

Sigamos. A fines de septiembre pasado, en su año y medio de gestión, el Gobierno ha entregado 75.000 viviendas -todas iniciadas en gobiernos anteriores- por lo que en los 2,5 años restantes son necesarias 185.000 unidades para alcanzar la meta autoimpuesta. Esto es 74.000 viviendas anuales, mucho más que el promedio de 38.000 del período anterior, y lejos de las 44.000 entregadas el 2019, año más exitoso en el último tiempo. Un objetivo sin duda ambicioso.

Y según lo comunicado estas semanas por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, actualmente hay 130.000 viviendas en construcción y 67.000 por empezar. Pero lo que no especifica es cuantas de estas se encuentran en pleno avance de obras, cuantas están paralizadas indefinidamente, y cuantas tienen Permiso de Edificación aprobado, pero sin fecha visible para inicio de obras. 

Dada la difícil situación económica del país, el estado crítico del rubro de la construcción, las trabas en los permisos, y el difícil panorama para el año que viene, la pregunta inevitable es si es realista y posible lograr entregar todas estas unidades en el actual Gobierno. 

Valorables son todas las iniciativas y esfuerzos hechos por el Ministerio para abordar las actuales necesidades habitacionales del país; muchas en la línea correcta. Pero el desafío propuesto es enorme, muy cuesta arriba, donde la expectativa de la ciudadanía de recibir 260.000 viviendas -cifra ya grabada en la cabeza de todos- puede devenir, en caso de no cumplirse, en sensación de fracaso, decepción y, por qué no, molestia en quienes siguen esperando su casa.

Frente a este complejo escenario, quizás lo aconsejable sería que el Gobierno, en vez de aferrarse obsesivamente a la meta autoimpuesta, amplíe el foco y se preocupe también de destinar la cantidad necesaria de subsidios habitacionales de cara al futuro, para que se sigan entregando viviendas desde marzo 2026 en adelante, después de finalizado su período. Como ha dicho el ministro Carlos Montes, el trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo “es una posta”, una tarea colaborativa entre gobiernos que busca asegurar un flujo permanente de inicio y entrega de viviendas. Esta continuidad en el tiempo es la única manera de ir reduciendo año a año el déficit habitacional, o por lo menos evitar que siga aumentando.

Si consideramos que un conjunto de viviendas sociales de tamaño mediano a grande puede demorar mínimo 2,5 a 3 años en desarrollarse, se debiera estar ahora mismo iniciando obras de proyectos que contengan por lo menos unas 45.000 a 70.000 unidades para entrega el año 2026 -ya en el próximo gobierno- y así sucesivamente año tras año. De esta manera es posible mantener la continuidad del proceso y se evitan bajones importantes en el ritmo de entregas. Lo que no queda claro al día de hoy, es si seremos capaces como país de lograr estas cantidades necesarias.

Esperemos que el Gobierno no sea como el montañista y el jugador de fútbol, jugándoselo todo por un logro cercano, sin considerar lo que pueda ocurrir después. En el tema de la vivienda, por el bien de las familias que esperan, no hay otra alternativa que trabajar en colaboración para lograr continuidad en el proceso, más allá de la administración de turno. Y si el Gobierno ya está en esta labor, entonces que lo comunique al país de la misma manera que repite insistentemente la meta de las 260.000 viviendas. El país y la ciudadanía están atentos, y quienes trabajamos en el ámbito de la vivienda también; esperando poder actuar y, principalmente, muy dispuestos a colaborar.