Señor Director:

Hace 13 años, la madrugada del 27 de febrero de 2010, nuestro país sufrió uno de los más devastadores terremotos, el quinto más grande en el mundo desde que existe medición de estos eventos.

Con una magnitud de 8,8 grados Richter, el daño producido a las construcciones chilenas fue mínimo; salvo aquellas edificadas en adobe, aquellas anteriores a nuestra norma sísmica, o las que se emplazaron o proyectaron sin cumplir con dicha norma, que sufrieron daños mayores. Mientras que las pérdidas humanas, siempre muy lamentables, pese a la magnitud, alcanzaron a las 525 personas, la mayoría de ellas atribuibles al posterior maremoto y no al terremoto mismo.

Hace tres semanas, el 6 de febrero y también en la madrugada, dos terremotos sucesivos de magnitud 7,8 y 7,5 grados Richter estremecieron el territorio de Turquía, con un devastador resultado de más de 40.000 muertos, miles de heridos y sobre 24.000 edificios con daños severos o que colapsaron como si fueran de arena. Las responsabilidades comienzan a ser investigadas y ya hay más de 130 profesionales identificados y prontos a ser encausados por la justicia.

¿Por qué acá, con magnitudes progresivamente mayores, no tenemos el tremendo daño que sufrieron Turquía y Siria? La respuesta es el respeto irrestricto a las normas sísmicas que determinan tanto el diseño como la construcción en nuestro país, y el apego a ellas por parte de arquitectos, ingenieros y constructores.

La responsabilidad tanto de los profesionales como de los funcionarios públicos en este aspecto en Chile es un ejemplo a nivel mundial, solo vulnerada en muy pocas ocasiones, lo que nos garantiza una muy buena calidad de nuestros edificios y una gran seguridad sísmica en nuestras ciudades, pueblos y barrios.