Recientemente fue publicado en el Diario Oficial un importante decreto sobre la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En los distintos medios, la noticia se ha enfocado sobre sus efectos en la certeza jurídica de los permisos de construcción y la legalidad de los proyectos, aproximación que estimamos parcial o incompleta.

Desde que existen en Chile, los permisos de construcción se otorgan cuando los proyectos cumplen con los requisitos establecidos en las normas vigentes, muy especialmente con las disposiciones que establecen los planes reguladores; esto es, las reglas que se ha dado la misma comuna en que se ubica el futuro proyecto.

Prácticamente todos los casos de cuestionamiento de permisos, en distintas ciudades a lo largo del país, se originan en una situación previa, esto es, en un dictamen de la Contraloría General de la República que ha señalado como impropia o ilegal alguna o varias disposiciones del Plan Regulador Comunal que fueron aplicadas en el proyecto. Nuestra postura es que este es el problema de fondo, que es complejo y que causa efectos de diverso alcance, los más graves sobre la calidad urbanística de los sectores y comunas que no pueden seguir conformándose de acuerdo a las reglas propias y especiales de cada lugar.

Entendemos el decreto publicado como un intento por rescatar la validez de los gobiernos locales y su facultad de fijar las características de las construcciones que se levantarán en cada barrio, objetivo que los arquitectos no solo compartimos, sino que estimamos consustancial a cualquier planificación urbana de calidad. Es solo un primer paso hacia devolver a los planos reguladores el sentido con el que fueron formulados, respetando sus principios urbanísticos, labor en la que queda un extenso camino por recorrer.