La nueva Ley de Patrimonio —recientemente ingresada para el estudio del Congreso por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio— es una buena señal para modernizar nuestra centenaria legislación patrimonial que, salvo algunos ajustes en 1970 y 1994, data de 1925. Creemos que la preservación y protección de nuestro patrimonio arquitectónico y arqueológico, sea material o inmaterial, requieren urgentemente una adecuación a las necesidades del siglo XXI.

La creación de consejos regionales autónomos será un aporte para el reconocimiento y tratamiento del patrimonio local y regional. La modificación de la composición del Consejo de Monumentos Nacionales, haciendo énfasis en expertos y profesionales afines a la realidad nacional, la duración acotada de los cargos y la presentación de ternas para la elección de ellos por parte del Presidente son, sin duda, un avance en la democratización e idoneidad de dicho consejo.

Pensar en la preservación de nuestro patrimonio pasado y no pensar también el patrimonio como una acción de futuro no se condice con los criterios actuales que afortunadamente esta nueva ley considera. Es por ello que la creación de nuevos incentivos que permitan en forma realista y al mismo tiempo eficiente la conservación patrimonial, evitando así el abandono o destrucción de nuestros monumentos patrimoniales, es un aporte que será una buena herramienta para cumplir con los objetivos de este cuerpo legal. Esperamos en esta etapa de tramitación legislativa que la sociedad civil y los gremios hagan los aportes necesarios para perfeccionar esta ley y que el Congreso la despache con rapidez por la importancia que esta tiene para nuestro patrimonio cultural.