El reciente anuncio presidencial del envío a tramitación legislativa del proyecto de ley sobre integración social apunta en la dirección correcta en una materia urgente y muy necesaria para nuestras ciudades. Las urbes del futuro no podrán ser sustentables a menos que se integren socialmente: si no tomamos acciones, seguirán siendo injustas y excluyentes. Esta ley se enmarca en políticas de estado modernas, que están pensando en anticiparse al agravamiento de problemas de convivencia nacional y de habitabilidad urbana que actualmente debemos resolver y que nosotros mismos hemos producido.

La desintegración social es un proceso que todos estamos viendo y en el que poco hemos hecho. Por ello, el interrumpir el avance de la exclusión y la desigualdad entre los habitantes de nuestras ciudades, en cuanto a la igualdad de condiciones urbanas de acceso a los servicios, espacios públicos y transporte, debe terminar ahora. Este proyecto de ley, que además cambia el nombre al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el de Ministerio de Ciudad y Vivienda, pone el énfasis en la ciudad que es el mejor lugar para vivir y en donde habita el 90% de los chilenos.

Y para que efectivamente lo sea, deben darse las condiciones que permitan mejorar aún más la equidad en el acceso a los beneficios requeridos por todos, sin excluir a nadie, y aún más a los más frágiles y postergados que han sido, hasta ahora, invisibles al crecimiento y a la planificación urbana.

Tanto el Ministerio de Vivienda como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano elaboran en estos meses iniciativas que apuntan a disminuir las desigualdades en cuanto a la inversión pública y privada para todos y cada uno de los diferentes barrios y comunas de las ciudades del país. Lo anterior no tendrá éxito sin la colaboración efectiva y comprometida de las municipalidades, que deben entender ahora que no pueden seguir siendo manejadas como feudos independientes del resto de la gran metrópolis. El manejo de los municipios sobre los planes reguladores comunales, de las densidades y otras normas no van en la misma dirección del gobierno central en cuanto a concordar que la composición familiar de los chilenos ha cambiado en los últimos 20 años.

Esto es no reconocer la necesidad de aplicar densidades mayores que permitan viviendas mono parentales, de personas solas, de jóvenes y familias pequeñas, al mismo tiempo que el no admitir el trabajo a distancia y el menor uso del automóvil, con importantes mejoras al transporte público y con ambiciosos planes de extensión de las líneas de Metro, ha producido que algunas comunas se hayan transformado en feudos o guetos amurallados y congelados por su propia ordenanza.

Este proyecto de ley debe ser entendido como un gran paso hacia la integración ciudadana para mejores ciudades y mayor respeto por la persona, que debe ser siempre el centro de toda política pública enfocada a mejorar la calidad de vida y dirigir la inversión pública y privada con los mismos beneficios para todos por igual, invirtiendo en espacio público, servicios y proyectos en cada centímetro cuadrado de la ciudad, en forma igualitaria y, por lo tanto, más justa.