A ojos de cualquier ciudadano ajeno al detalle del proceso de desarrollo urbano, la existencia de los concursos de arquitectura puede no significar mucho. Naturalmente, dada su especificidad técnica, resultan difíciles de entender y mesurar en la importancia que revisten para arquitectos, autoridades sectoriales y, finalmente, la población de las ciudades.

Lo cierto es que los concursos de arquitectura son mecanismos concretos para democratizar la planificación de cualquier urbe, pues aseguran una mejor selección de las fórmulas de crecimiento y abren la puerta a una sana discusión pública sobre las problemáticas a subsanar y los aciertos que cada propuesta contempla para ello. 

Su valor estratégico ha acompañado, prácticamente de forma ininterrumpida, a la evolución de nuestras ciudades desde fines del siglo XIX. A concursos de arquitectura debemos la construcción de la Escuela y Museo de Bellas Artes, hoy patrimonio y postal icónica de la capital, y la de grandes espacios públicos del barrio cívico de Santiago, como la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza de la Constitución y el Eje Bulnes.

Estos ejemplos, simples y simbólicos al mismo tiempo, son evidencia de la voluntad mancomunada hacia la construcción de mejores ciudades, asegurando estándares de equidad que se hacen cada vez más necesarios y urgentes en nuestro país.

Es desde esta importancia histórica que resulta imperioso repensar el cómo se participa en los concursos actuales, los que han mutado más bien en una licitación por precio que por una mejor obra. Esta decisión ha generado una disminución en la participación profesional, debido a los desincentivos que generan las complejidades de la postulación en comparación a los procesos más expeditos del ámbito privado.

Esto no hace más que disociar la contribución social de los arquitectos, lo que tiene particulares sensibilidades en un contexto nacional que pone como base a la comunidad y los usos que ella hace de sus barrios y espacios públicos, buscando siempre un profundo sentido de pertenencia.

Es por eso que el momento que vivimos es una oportunidad única para dar promoción y valor a los concursos de arquitectura desde su definición original: una vía para encontrar, participativamente, la mejor solución a los problemas urbanos.

El trabajo conjunto con ministerios y organismos públicos sectoriales nos permite avanzar en mejorar las condiciones profesionales de los llamados públicos de arquitectura y obras civiles. Estamos seguros que, de esta manera, se recuperará sustancialmente la participación y, gracias a ellos, podremos confluir a mayores y mejores soluciones que nos permitan asegurar un buen porvenir de nuestros centros urbanos, devolviendo a la obra pública su valor de patrimonio nacional, perdurable y sostenible para el disfrute nuestro y el de las generaciones futuras.