la Naturaleza que tuvo lugar a fines del 2006 y que está vigente desde inicios del 2007. Declaratoria que los que participaron de ese proceso describen que se concretó luego de un amplio acuerdo entre la municipalidad, los propietarios y la comunidad. Sin embargo, la tormenta de arena que se ha levantado en el Campo Dunario ha dejado al descubierto la precariedad de las herramientas legales con que contamos para la protección de nuestro patrimonio ambiental, así como también la ligereza con que el clientelismo político borra con el codo el derecho de propiedad, la sana convivencia y el funcionamiento de nuestra imperfecta institucionalidad.

Con menos revuelo nacional que otras coyunturas urbano-ambientales, el conflicto de Concón pone nuevamente a prueba el sentido común, el liderazgo político y nuestra maltrecha institucionalidad. Esta última, golpeada por decisiones como la «bajada de la central de Barrancones», que más allá de nuestra postura de fondo, han terminado por constituir precedentes que no contribuyen al perfeccionamiento de nuestro ordenamiento ambiental.

El estatus de Santuario de la Naturaleza es equivalente a ser declarado Monumento Histórico. Ambas declaratorias están en manos del Consejo de Monumentos Nacionales y son reguladas por la Ley 17.288. Se constituyen como gravámenes o limitaciones a la propiedad privada en pos del bien común. Siendo estas decisiones de protección perfectamente atendibles y defendibles, lamentablemente no llevan consigo incentivos para la correcta y apropiada conservación de lo que se busca proteger, ni menos aún llegan a contemplar una compensación por la restricción explícita al derecho de propiedad de quienes son afectados. Nuestra legislación tiene la «enfermedad del decreto», amparada en la errónea ilusión de que las cosas pueden detenerse en el tiempo tal como lo hace una foto, sin incorporar elementos de protección y/o conservación activa, ni de gestión de recursos, ni de manejo de procesos de obsolescencia ni de mitigación de impactos del medio circundante que se pueden dar en el tiempo.

Por otra parte, resulta fácil rasgar vestiduras exigiendo que «el santuario se mantenga público», cuando nunca ha sido un bien fiscal o público, sin perjuicio de que por costumbre se ha podido ingresar a él con relativa libertad. Es momento de que como sociedad invirtamos dinero en lo que «declaramos» estar interesados en proteger. No es correcto que sólo uno pague una cuenta que todos «declaramos» estar interesados en pagar, o bien deberíamos estarlo.

Ni los congelamientos de permisos de edificación anunciados por el municipio, ni los 113 millones de pesos que se invertirán en un nuevo Plan Regulador para la comuna de Concón, ni tampoco la ampliación del área del propio Santuario de la Naturaleza aseguran la efectiva protección de este lugar. No basta con afirmar «me declararon santuario». La protección ambiental debe ser proactiva, intensa en gestión y con recursos para invertir. Proteger tiene que ver con acciones, no sólo con meras declaraciones.