En mi primera columna en este Blog, referida al crecimiento urbano, escribí acerca de la necesidad de incorporar instancias intermedias, con información técnica, que pudieran aportar, más allá de la visión a corto plazo que podría tener un gobierno de turno, una perspectiva más amplia y general de los requerimientos y variables a considerar frente al desarrollo urbano.

En una columna posterior, lo volví a mencionar, esta vez referido al rechazo del nuevo plan regulador de Peñalolén y el diferente destino que hubiera tenido quizás, si existiera una participación más informada de la comunidad.

Pues bien, con mucho entusiasmo puedo decir que el mecanismo existe y, más aún, está determinado por ley de la República. Hace pocos días atrás fui invitado a integrar el Consejo de la Sociedad Civil de la SEREMI de la Vivienda para el Plan Regional de Desarrollo Urbano en el contexto de un Instructivo Presidencial y los artículos 71 al 74 de la Ley 18.575, que establece que cada órgano del Estado deberá establecer modalidades formales y específicas de participación ciudadana entre ellas el establecimiento de un Consejo de la Sociedad Civil de carácter consultivo.

En particular, este Consejo invitado por la SEREMI de Vivienda lo componen universidades – preferentemente a través de sus Facultades de Arquitectura- organismos sociales, juntas de vecinos, organismos de participación ciudadana y acción ecológica entre otros. Me parece ver representados los más diversos intereses junto con la academia que, pese a no ser vinculante, podrán dar una mirada amplia, de futuro y no contaminada con dividendos electorales de corto plazo que puede ser una tentación muy grande en períodos de elecciones municipales y qué decir de las presidenciales.

Este Consejo, tiene entre sus funciones captar la opinión ciudadana en sus diversos ámbitos y transmitirla a los organismos del Estado que trabajan sobre un tema determinado, como es el Plan Regional de Desarrollo. Debe tener, y aquí hablo a título personal, la capacidad de filtrar opiniones que vengan contaminadas de intereses económicos particulares, intereses políticos puntuales y aportar a una  propuesta de un Plan a 20 o 30 años plazo. Treinta años son casi 8 períodos presidenciales. Esta es la mayor justificación de esta participación ciudadana. Definir un plan de 30 años es definir buena parte de la Calidad de Vida de los habitantes de una región.

El Plan debe apuntar a lo deseable y desarrollarse de acuerdo a lo posible. Debe tener la flexibilidad suficiente para ir aceptando modificaciones que surjan del desarrollo tecnológico, del transporte, del  “zeigest” urbano de cada momento de la historia. Debe tener la capacidad de adaptarse a las señales que puede ir entregando este Consejo de participación y, para ello, es positivo también que sea integrado por instituciones representativas y no sólo por personas, porque así como el Estado es el continuo y no el gobierno, las instituciones otorgan la continuidad y no sus representantes.

Me parece una excelente iniciativa que aplaudo, casi desde la emoción, ya que da señales que los temas de interés que traspasan un período de gobierno se están tomando con la seriedad,  apertura y participación ciudadana informada que ellos requieren. Quién sabe si pronto podremos ver como bajan estas iniciativas desde el nivel nacional hacia los gobiernos provinciales y a las comunas. Quién sabe si los consejos municipales son menos políticos y más visionarios de futuro. Quién sabe si, a modo de ejemplo, el Plan Regulador de Peñalolén quizá con modificaciones y ajustes, con una iniciativa como esta, hoy estaría aprobado y la comuna no estaría regida por un enredo entre plan local y plan metropolitano sin ninguna proyección de largo plazo.

Al menos sabemos que existe la Ley para participar y se está implementando.