El debate que se ha abierto por las diferentes propuestas de diseño urbanístico, para crear ciudades más amables con sus habitantes, se ha enfocado en los temas de seguridad y en la adecuación de estas a la realidad, mediante la delimitación de los espacios, el fomento de una movilidad más amigable con el ambiente y suplir algunas necesidades de los ciudadanos.
Estos factores son una preocupación que ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, sobre todo desde el diseño urbanístico y la planeación. Temáticas que, según Ignacio Hernández, presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, “están escasamente abordadas en América Latina, con una estructura política de las autoridades que atenta hacia una visión de largo plazo sobre nuestras ciudades”.
Parte de la explicación de lo anterior se puede ver en los modelos de desarrollo y crecimiento de las distintas urbes, que algunas veces van en contravía del bienestar de sus residentes, permitiendo construcciones de todo tipo, sin un orden aparente.
Como respuesta a ese problema, la Ley 388 de 1997 reglamentó las disposiciones que deben tener la entidades administrativas, para que el ordenamiento territorial se rija bajo ciertos principios como “la función social y ecológica de las propiedades y prevalencia del interés general sobre el particular (…)”.
De esta manera, se puede empezar a pensar en la reutilización del espacio público para suplir las necesidades de los habitantes, generando investigaciones como la de Camila Baquero, quien lo ha planteado desde “la visión de los peatones, quienes al encontrarse rodeados por las rejas (en Cali), cambian su comportamiento al momento de realizar sus recorridos. Por ejemplo, de manera inconsciente, los que transitan por calles rodeadas por esos obstáculos logran sentir cierta perspectiva de inseguridad y la creación de posibles peligros en donde estos se encuentran ubicados”.
Es decir, si bien ciertas delimitaciones para algunas personas tienen la utilidad de proteger el acceso a sus copropiedades, pueden afectar de manera directa a quienes están del otro lado, ocasionándoles inconvenientes de diferentes índoles.
Sin embargo, al momento de revisar la norma, en el Acuerdo 0373 de 2014, sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali, se destaca la creación de aislamientos, dentro de los diseños arquitectónicos que se deben presentar para la aprobación de los proyectos residenciales y se debe cumplir con cierto metraje mínimo para su protección. Por ejemplo, si la construcción tiene una altura de nueve a 11 pisos, se específica que se instauren en sus laterales una separación de siete metros contra las demás propiedades.
Lo que significa que dentro del diseño de las construcciones se debe incluir lo que Baquero ha identificado como una serie de obstáculos a la movilidad de los peatones, dando cierta prioridad a esas barreras que a su vez sirven para delimitar el territorio donde se encuentran y les proporciona protección a los habitantes de los conjuntos. Una idea que según la arquitecta puede chocar con la realidad.
“Al momento de analizar el territorio (donde se realizó el estudio) me di cuenta de los lugares en los cuales se intenta vender una percepción mayor en los temas de seguridad, a su vez son los que presentan una gran actividad delictiva”.
Una realidad que puede ser contrastada si se miran las cifras de percepción que tienen las personas en la capital del Valle del Cauca, que según la encuesta oficial de ‘Cali Cómo Vamos’, muestra que en los estratos 3 y 4, la gente se siente vulnerable en sus barrios en un 29 por cierto y el 24 por ciento de quienes participaron en dicha encuesta en el mismo nivel contestaron de manera positiva cuando se les indagó si habían sufrido algún tipo de delito durante el último año.
Datos que pueden avalar, de cierta manera, las observaciones realizadas por la investigadora, que entre las soluciones que propone contempla“remplazar las rejas por objetos o lugares que sean más amigables con todos. Por ejemplo, si se puede instalar algún tipo de comercio alrededor de los conjuntos, como una peluquería, los habitantes de las copropiedades pueden sacar un provecho económico de este, que ayude a financiar los gastos administrativos”.
Una recomendación que debe ser evaluada desde diferentes puntos de vista y con la cual se piensa cambiar los modelos de ciudad que están instaurados hoy en día, propuestas que se pueden encontrar no solo en Colombia sino a nivel mundial, para crear espacios públicos más amigables.
Lee la nota original del diario colombiano El Tiempo AQUÍ
