La AOA convocó este jueves 25 a una nueva edición de sus Diálogos para la Acción: Ciclo Ciudad y Territorio, con el propósito de continuar debatiendo sobre los desafíos que enfrenta la ciudad y sus ciudadanos en un contexto de cambios.
En esta oportunidad, tres destacados profesionales -dos arquitectos y un abogado- compartieron su visión acerca de la planificación rural, en particular los principales conflictos que se presentan, así como las oportunidades y posibles modelos de desarrollo para el país.
A juicio de Allard, el actual decreto padece de una serie de fallas, entre ellos, fomenta la subdivisión de zonas rurales para fines residenciales, así como segregación socioespacial, aumento de la demanda y costos por infraestructura y servicios. A ello se suma el alto impacto ambiental y la fragmentación del mosaico ecológico.
“Las modificaciones propuestas no impedirán la ejecución de miles de parcelaciones ya inscritas, o lo que es peor, fomentarán la subdivisión e inscripción de millones de hectáreas antes que entre en vigencia el cambio de superficie mínima”, advirtió el arquitecto, quien también afirmó que los cambios propuestos “no resuelven el tema de la segregación y costos de infraestructura para vivienda social”.
Así, la profesional recordó que “la ciudadanía llegaba a la Seremi a denunciar no solo las parcelaciones, sino también los loteos ‘bruscos’ (…) había una preocupación profunda sobre todo lo que estaba pasando en la salida sur (de Valdivia), que era una ocupación muy informal y una venta de derechos y de propiedad, a lo que llegamos tarde como Seremi”.
En ese sentido, remarcó que se debe “reconocer la diversidad en la ocupación del suelo rural”. “Efectivamente, hay un grupo importante de suelo que se subdivide como segunda vivienda, pero hay un montón de otro suelo también que se ocupa de otras maneras que ni siquiera son legales y de la noche a la mañana aparecen asentamientos bastante precarios y eso también a veces no es lo que se pone en la discusión, pero es parte de la realidad y es importante reconocerlo”, dijo Maira.
Además, enfatizó que “el tema profundo es que no estamos haciendo planificación del territorio y yo creo que la raíz del problema tiene mucho que ver con que la planificación que hacemos sea parte de la base de dividir lo urbano de lo rural”.
Por último, Gonzalo Cubillos -socio de Cubillos Soza Abogados y especialista en derecho ambiental, urbanístico e inmobiliario- se preguntó sobre la magnitud de este problema. “Le preguntamos al SAG cuántas parcelaciones se han aprobado en los últimos diez años: 70 mil en todo Chile, y por lo tanto, no sé cuál es la magnitud de eso, es un problema totalmente extendido”, aseguró.
En esa línea, el abogado consideró que “se está empezando a llenar de loteos irregulares, y si uno quisiera detectar cuál es el problema de la ocupación del territorio rural, son las parcelaciones irregulares, donde se venden derechos”.
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