28 de enero de 2022

Advierten sobre retraso en tramitación de nueva Ley de Patrimonio en el Congreso

Con un documento titulado “Desafección con el patrimonio cultural”, Magdalena Krebs, consejera de Monumentos Nacionales; Óscar Acuña, ex secretario ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales; Yves Besançon, past president de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, Patricio Gross, consejero nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Javiera Parada, gestora cultural, levantaron la alerta sobre el estado de la tramitación de la Ley de Patrimonio en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

 

En una carta al director publicada en El Mercurio el domingo 23 de enero, los expertos entregaron antecedentes que a su juicio dan cuenta de dilación y desprolijidad para el despacho de un proyecto que se fue, sin informe, a la Comisión de Hacienda de la Cámara.

 

“Todos los valiosos insumos y propuestas acumulados en este período al alero de la Comisión de Cultura no serán parte de la tramitación que viene en las demás instancias del Congreso (…) Este hecho refleja no solo la falta de importancia que en la práctica le ha dado esta comisión al avance del principal proyecto de ley que le ha tocado tramitar en su período legislativo, sino que demuestra una preocupante desafección con el patrimonio cultural de un país que ha visto expuesta como nunca en su historia la vulnerabilidad de sus bienes culturales y de las formas de vida a ellos asociadas en todos los territorios”, sostiene la misiva, poniendo la esperanza en el nuevo gobierno que iniciará sus labores en marzo.

 

La respuesta fue publicada por el mismo medio el 25 de enero, en voz de la diputada Carolina Marzán, Presidenta de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, quien señaló que la acusación es “injusta e inexacta”, rectificando, según su parecer, una serie de puntos relacionados con el proceso de tramitación legislativa.

 

“No es exacto tampoco que la Comisión de Cultura y quien suscribe esta carta no hayan respetado la urgencia, sino que, por el contrario, dándole pleno cumplimiento, el proyecto fue remitido a la Comisión de Hacienda y, si bien es cierto que se omitió el informe, que ya estaba confeccionado y listo para su despacho, ello ocurrió por la oposición de un parlamentario oficialista, que impidió dar la unanimidad exigida por el Reglamento de la comisión”, sostiene como parte de la argumentación, en tanto señala que tanto la Comisión como ella misma comparten la necesidad de reemplazar la obsoleta ley vigente, pero hace hincapié en que no se puede materializar transgrediendo los convenios internacionales que son ley de la República, especialmente el N° 169 de la OIT, que en su artículo 6° prescribe la obligación de realizar una consulta a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

 

En tanto, al día siguiente, la discusión continuó con la firma de Máximo Pavez, subsecretario General de la Presidencia, junto a Emilio De la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, quienes sostuvieron, también mediante carta al director publicada en el Mercurio que existen imprecisiones en el descargo de la parlamentaria respecto de la tramitación de la ley, entregando una serie de argumentos para concluir, en anuencia con la primera carta publicada, que “no resulta justificable el nivel de dilación y desprolijidad con que ha sido tratada esta importante materia en la comisión de Cultura de la Cámara, cuya urgencia acumulada se arrastra por décadas”.

 

Las autoridades indicaron que la principal responsable del inadecuado tratamiento que ha tenido este importante proyecto de ley es, justamente quien tiene a su cargo la conducción de la comisión respectiva: “Frente a ese actuar, motivado por razones políticas para frenar la agenda del Ejecutivo, lo único que queda claro es su profunda desafección con el patrimonio cultural, así como con las personas y comunidades que lo sostienen”, en tanto finalizaron con la esperanza de que la tramitación que se retome en marzo pueda llegar a mejor puerto.

 

El lunes 31, el medio El Mostrador recogió el tema en una nota que da cuenta del proceso que ha vivido la tramitación, consignando que la nueva legislación no será aprobada durante el gobierno en curso.

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