AOA impulsa propuestas en torno a la ley de Aporte Urbano

A propósito de la próxima entrada en vigencia, el 18 de noviembre de este año, del nuevo sistema de estudios, mitigaciones y aportes al espacio público derivados de la Ley 20.958, el Comité Normativo, liderado por el vicepresidente de AOA José Ramón Ugarte, redactó una carta dirigida al Ministro de Vivienda y Urbanismo, proponiendo el envío de un proyecto de ley al Congreso para postergar, por al menos dos años, la aplicación del nuevo régimen de “mitigaciones directas” (IMIV).

“Desde AOA creemos que la puesta en marcha de tal sistema incrementará las dificultades por las cuales está pasando la industria de la construcción, tanto desde la perspectiva pública como privada”, señalan desde el Comité.

Esto, dado por la forma en que está definido el nuevo sistema de estudios caso a caso en la ley 20.958, y consecuentemente en los reglamentos (DS 14 de 2018 y DS 30 de 2019), lo que significará un cambio de importante magnitud para la elaboración y desarrollo de los proyectos de construcción y, junto con ello, una sobrecarga para las entidades públicas, que ahora deberán evaluar y pronunciarse sobre una cantidad de estudios e informes varias veces superior a la que, con grandes dificultades, tramitan hoy.

Es conocido que el sistema no está preparado para enfrentar una exigencia como la planteada, menos aún en la actual situación de catástrofe, cuyas secuelas por sí mismas significarán un enorme y extenso desafío para el aparato estatal.

Por otra parte AOA considera que, a diferencia de lo anterior, hay aspectos de la ley que sí son positivos y sería posible implementar, previa evaluación actualizada de su impacto económico, como los referidos a los aportes al espacio público y a los planes de inversiones que deben elaborarse al efecto. A pesar de que para muchas municipalidades será imposible abordar dicha tarea, esto tiene una salida, dado que sin contar con dichos planes, los aportes pueden utilizarse para financiar su elaboración y, a continuación, las expropiaciones de las afectaciones a utilidad pública establecidas en los planes reguladores. Ambas materias, aportes y planes, están tratados en Capítulos aparte del antes mencionado referido a los “informes de mitigación”.

Se propone entonces separar las partes exigibles a contar del próximo 18 de noviembre. Una postergación acotada al nuevo sistema de estudios permitiría preparar el sistema público para las nuevas exigencias y, no menos importante, daría un espacio para analizar con calma algunas mejoras que podrían efectuarse en la ley, especialmente en lo que se refiere a ampliar la mirada sobre el espacio público de nuestras ciudades, más allá de los aspecto relativos a flujos vehiculares y transporte.

Una de las tantas enseñanzas que puede dejar la actual emergencia es revalorar el espacio público, desde luego como soporte de los medios de transporte pero también como lugar de encuentro, de integración social y de formación de comunidad, aspectos que la citada ley desconoce.