15 de octubre del 2024
AOA se reúne con autoridades y expertos para debatir alcances de la futura Ley de Agilización de Permisos de Construcción
El martes 8 de octubre, la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) organizó un encuentro clave para analizar la futura Ley sobre la agilización de los permisos de construcción. El evento contó con la participación de autoridades y expertos, incluyendo al Diputado Juan Manuel Fuenzalida, impulsor de la propuesta inicial; Vicente Burgos, director de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu); y Jeanette Bruna, abogada experta en Derecho Urbanístico. La directora del Comité Normativo de AOA, Marisol Rojas, moderó el encuentro, facilitando un diálogo enriquecedor sobre los alcances de esta nueva legislación.
El proyecto de ley, que busca simplificar y acelerar los procesos de edificación en Chile, pone énfasis en cinco ámbitos principales: procesos de revisión y plazos, responsabilidades de los directores de obra y profesionales, infracciones y sanciones, procesos de reclamación, y otras materias relacionadas con la construcción.
El Diputado Fuenzalida explicó el origen y alcance de la iniciativa: “Este proyecto nace de las necesidades reales de las empresas constructoras e inmobiliarias. Nuestra idea matriz es simple: queremos sacar toda la burocracia que entorpece los procesos”. Además, destacó que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, lo que considera una señal positiva.
Entre las medidas propuestas, se incluye la implementación de declaraciones juradas para agilizar ciertos procesos, la reducción de plazos para conservadores de bienes raíces y SEREMIS de Salud, y la limitación de la discrecionalidad de los directores de obra. Fuenzalida estima que estas medidas podrían reducir los tiempos de tramitación en al menos un tercio.
Vicente Burgos, del Minvu, enfatizó que, aunque no se trata de una reforma estructural, “es una mejora potencialmente trascendental”. Junto con esto, explicó que la nueva legislación establece procedimientos más específicos para diferentes situaciones y amplía el poder reglamentario del Ministerio.
Por su parte, Jeanette Bruna, abogada experta en Derecho Urbanístico, “indica que el primer beneficio de este proyecto de ley, es que se sacaran áreas de revisión para los Directores de obras y podrán presentar declaraciones juradas”.
Desafíos en la interpretación y aplicación de la Ley
Un aspecto crítico que ha surgido en la discusión es la disparidad en la interpretación y aplicación de la ley entre diferentes municipios. Se han observado casos donde comunas vecinas presentan diferencias significativas en sus procesos y tiempos de tramitación, lo que genera inequidades y complicaciones para los desarrolladores de proyectos. Como aspecto positivo, esta modificación a la ley, deja absolutamente claro que las DOM deberán revisar solo las normas urbanísticas y establece plazos máximos para ello, que se ven reducidos cuando una solicitud va acompañada de un informe de un revisor independiente.
Asimismo, se está trabajando en la elaboración de manuales y formularios estandarizados que ayuden a reducir las discrepancias en la interpretación de la ley. Además, se ha hecho un llamado a la participación activa de las direcciones de obra y otros actores relevantes en la definición de estos instrumentos.
El diputado enfatizó la importancia de objetivizar las normas para evitar interpretaciones subjetivas: “La norma tiene que ser objetiva, y eso es lo que va a quedar claro también respecto de los IMIV (Informes de Mitigación de Impacto Vial) para estos proyectos mayores”.
Respecto a los proyectos de gran envergadura, Fuenzalida señaló: “Estos proyectos obviamente deben tener más o menos claro el IMIV. La aprobación del IMIV será el requisito para obtener la recepción final”.
“Nos vamos a quedar con los proyectos básicos e intermedios, mientras que los mayores no se incorporarán por ahora debido a limitaciones prácticas. La política es el arte de lo posible”, explicó Fuenzalida.
En cuanto a las declaraciones juradas, el legislador indicó: “La idea es que en el transitorio podamos poner lo más urgente, permitiendo que el DDU (División de Desarrollo Urbano) pueda dictar la respectiva norma para empezar a aplicar esta ley de inmediato”. Por su parte, Jeanette Bruna, abogada experta en Derecho Urbanístico, “indica que el primer beneficio de este proyecto de ley, es que se sacaran áreas de revisión para los Directores de obras y podrán presentar declaraciones juradas” Jeanette Bruna, explica que las declaraciones juradas no es una acto administrativo como lo es la solicitud de permiso, pero cuando se conjuga la declaración jurada (como pasa en Madrid) y el archivo de la dirección de obra, esa mezcla se puede interpretar como un acto administrativo”.
Es importante recalcar que las declaraciones juradas si tienen un tiempo para ejecutarse, si no se ejecutan dentro de ese plazo se tendrá que realizar una declaración jurada y si hay cambios en las normas urbanísticas, deberán ser consideradas para las nuevas declaraciones, comenta Jeannette.
Fuenzalida también hizo un llamado a la participación de las direcciones de obra en el proceso: “Espero que las direcciones de obra también participen respecto de los formularios y estas mismas declaraciones juradas”.
Finalmente, el diputado abordó las disparidades entre comunas: “Lo que no puede ocurrir es que la dirección de obra de la comuna A, que está al lado de la comuna B, tengan seis meses o un año de diferencia en los procesos”, subrayando la necesidad de uniformidad en la aplicación de la ley.
El evento permitió a los asociados de la AOA no solo conocer y profundizar los alcances de la futura ley, sino también resolver dudas y generar propuestas de modificaciones. Se destacó la importancia de la participación de todos los actores relevantes en la definición de los instrumentos necesarios para la implementación de la ley.
Silencio Negativo
Uno de los aspectos más debatidos que la nueva ley introduce es el mecanismo de “silencio negativo” dentro del proceso de tramitación de permisos de construcción. Vicente Burgos, explicó: “Transcurrido el plazo respectivo sin que el DOM se pronuncie, el solicitante estará legitimado para hacer valer el silencio negativo. La solicitud se entenderá rechazada una vez realizada la presentación del solicitante, en que manifiesta esta voluntad “.
Jeannette Bruna, destaco que se fije el silencio negativo, es positivo, porque tiene reconocimiento legal. “Pues en la practica ya se utilizaba, ahora es un beneficio, pues el dueño del proyecto puede esperar a la DOM y si no tiene respuesta puede hacer uso del silencio negativo. Solo por presentar el escrito para hacer uso del silencio negativo, el DOM queda impedido y se genera responsabilidad administrativa inmediata.”
En términos prácticos, Burgos aclaró: “El solicitante acciona el silencio negativo diciendo al DOM ‘yo me auto-rechazo’, y con eso puede llevar el expediente a la SEREMI”. Sin embargo, la ley también establece plazos estrictos para los Directores de Obras Municipales: “Ahora está la ley y dice que el DOM no puede abstenerse de emitir el permiso dentro de los cinco días de recibido el oficio de la SEREMI”.
“El objetivo principal es evitar el uso del silencio administrativo negativo”, afirmó Fuenzalida. El legislador reconoce la diferencia entre la teoría y la práctica, pero enfatiza la importancia de este cambio.
El proyecto busca un equilibrio y la unificación de los procesos municipales. Al respecto, Fuenzalida explicó: “Desde el momento que tú pides el silencio administrativo negativo, el director de obra queda inhabilitado para pronunciarse”. Además, el diputado señaló que se están delimitando claramente las responsabilidades: “Revise lo que tiene que revisar, lo que es parte de su competencia. Porque también se modifica la Ley Orgánica y Constitucional del Municipio”.
Fuenzalida advirtió sobre las posibles consecuencias legales: “Si el Seremi, a mi juicio, resuelve mal, puedo ir a la Corte de Apelaciones, y si la Corte de Apelaciones me va da la razón. Vale decir, me va a dar dos opciones: indemnización de perjuicio y eventualmente una acción penal. Esto no será gratis”.
Durante el encuentro, surgieron preocupaciones y propuestas de modificaciones. La Directora de la AOA, Marisol Rojas, expresó inquietudes sobre la posible interpretación discrecional de la ley por parte de los directores de obra y alcaldes. También se abordó la necesidad de establecer medidas concretas para garantizar que la ley cumpla con los plazos estimados y se enfatizó en la urgencia de las modificaciones que se deben hacer a la OGUC para que las modificaciones a la ley queden plenamente implementadas.
