Un aspecto crítico que ha surgido en la discusión es la disparidad en la interpretación y aplicación de la ley entre diferentes municipios. Se han observado casos donde comunas vecinas presentan diferencias significativas en sus procesos y tiempos de tramitación, lo que genera inequidades y complicaciones para los desarrolladores de proyectos. Como aspecto positivo, esta modificación a la ley, deja absolutamente claro que las DOM deberán revisar solo las normas urbanísticas y establece plazos máximos para ello, que se ven reducidos cuando una solicitud  va acompañada de un informe de un revisor independiente.

Asimismo, se está trabajando en la elaboración de manuales y formularios estandarizados que ayuden a reducir las discrepancias en la interpretación de la ley. Además, se ha hecho un llamado a la participación activa de las direcciones de obra y otros actores relevantes en la definición de estos instrumentos.

El diputado enfatizó la importancia de objetivizar las normas para evitar interpretaciones subjetivas: “La norma tiene que ser objetiva, y eso es lo que va a quedar claro también respecto de los IMIV (Informes de Mitigación de Impacto Vial) para estos proyectos mayores”.

Respecto a los proyectos de gran envergadura, Fuenzalida señaló: “Estos proyectos obviamente deben tener más o menos claro el IMIV. La aprobación del IMIV será el requisito para obtener la recepción final”.

“Nos vamos a quedar con los proyectos básicos e intermedios, mientras que los mayores no se incorporarán por ahora debido a limitaciones prácticas. La política es el arte de lo posible”, explicó Fuenzalida.

En cuanto a las declaraciones juradas, el legislador indicó: “La idea es que en el transitorio podamos poner lo más urgente, permitiendo que el DDU (División de Desarrollo Urbano) pueda dictar la respectiva norma para empezar a aplicar esta ley de inmediato”. Por su parte, Jeanette Bruna, abogada experta en Derecho Urbanístico, “indica que el primer beneficio de este proyecto de ley, es que se sacaran áreas de revisión para los Directores de obras y podrán presentar declaraciones juradas” Jeanette Bruna, explica que las declaraciones juradas no es una acto administrativo como lo es la solicitud de permiso, pero cuando se conjuga la declaración jurada (como pasa en Madrid) y el archivo de la dirección de obra, esa mezcla se puede interpretar como un acto administrativo”.

Es importante recalcar que las declaraciones juradas si tienen un tiempo para ejecutarse, si no se ejecutan dentro de ese plazo se tendrá que realizar una declaración jurada y si hay cambios en las normas urbanísticas, deberán ser consideradas para las nuevas declaraciones, comenta Jeannette. 

Fuenzalida también hizo un llamado a la participación de las direcciones de obra en el proceso: “Espero que las direcciones de obra también participen respecto de los formularios y estas mismas declaraciones juradas”.

Finalmente, el diputado abordó las disparidades entre comunas: “Lo que no puede ocurrir es que la dirección de obra de la comuna A, que está al lado de la comuna B, tengan seis meses o un año de diferencia en los procesos”, subrayando la necesidad de uniformidad en la aplicación de la ley.

El evento permitió a los asociados de la AOA no solo conocer y profundizar los alcances de la futura ley, sino también resolver dudas y generar propuestas de modificaciones. Se destacó la importancia de la participación de todos los actores relevantes en la definición de los instrumentos necesarios para la implementación de la ley.