Hace casi tres años de lo que llamé «El otro terremoto», el gobierno ha ingresado un proyecto de ley que restablece la posibilidad de reservar, sin fecha de caducidad, aquellos espacios destinados para futuras calles, sus ensanches y nuevas áreas verdes. Desde mi personal visión, este proyecto restituye la facultad de poder planificar la ciudad, cuestión, hasta ahora, tremendamente amagada por la vigencia de la actual legislación.

Fue pocos días antes del terremoto del 27 de febrero que quedaron nulas todas las «reservas de terrenos» consagradas en los planes reguladores para la construcción de futuras avenidas, así como para nuevas áreas verdes. Las llamadas «declaratorias de utilidad pública», que permitían a las ciudades planificar los sistemas de espacios públicos que aseguraban la adecuada conectividad y circulación, así como las redes de áreas verdes, dejaban de tener efecto.

La relevancia de poder planificar las necesidades futuras de vías, áreas verdes y espacios públicos en general es preocupación y ocupación central de la planificación urbana. Sin ella, poco sentido tiene regular los usos de suelo o la cantidad de viviendas permitidas en un sector u otro. La disponibilidad de ese espacio en el tiempo condicionará la capacidad de ese barrio o ciudad de alojar más actividades y habitantes.

Uno de los mayores dramas de la planificación de la ciudad en Chile es que aun cuando se planifiquen calles y áreas verdes, toma muchísimo tiempo implementarlas, y en algunos casos nunca ven la luz. Este proyecto también aborda esa variable, y no sólo restituye las «Declaratorias de Utilidad Pública» de carácter indefinido, sino que entrega mecanismos de compensación a los particulares afectados por estas «reservas», distintos al pago en dinero, que permitirá dar realidad y agilidad al proceso de proveer a nuestras ciudades de las redes de circulación y espacios públicos que éstas requieren. Para dimensionar la magnitud de la tarea, hoy existen 6.571 hectáreas reservadas para la apertura de nuevas calles ya trazados en los planes reguladores.

La iniciativa legal también propone proteger los trazados de las pequeñas calles de carácter local, además de señalar que se podrán reservar los espacios en las áreas rurales próximas a las ciudades, donde el desarrollo urbano aún no llega en plenitud. Ambas facultades habían sido eliminadas el 2004.

Especialmente positiva será la posibilidad de que los nuevos trazados de calles puedan ser conocidos por todos, con anterioridad a su vigencia y con precisión de su trazado. Esto marca un cambio radical a lo que por años era la práctica de planificar las calles y avenidas con un «plumón sobre el plano», sin ninguna precisión de por dónde pasa o a quién afecta.

Sin perjuicio de que el proyecto tiene aspectos perfectibles, tales como la precisión de los mecanismos de reclamo y de estimación de los daños patrimoniales, entre otros, este proyecto definitivamente repone la planificación urbana en sus facultades mínimas necesarias. Es, sin duda, plenamente coincidente con los acuerdos que se han dado dentro del marco de la discusión de una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano.