Ante la reciente publicación del estudio de la CChC que revela que adquirir una vivienda es “severamente no alcanzable” para el ciudadano promedio, inmediatamente aparecieron las voces de quienes buscan “culpables” de dicha situación.

Identificado el responsable entonces, cual exorcismo mediático, visualizamos que la solución para resolver el problema es controlar a este responsable, como si fuera uno solo, aunque la realidad dice otra cosa: las causales son múltiples y diversas.

Un grupo (A) de factores tiene su origen en fundamentos técnicos, los que mejoran la resistencia sísmica, la aislación térmica y eficiencia energética, resistencia al fuego, accesibilidad universal por citar solo algunas; estos son virtuosos y mejoran la calidad de las viviendas, pero inciden en el incremento del precio.

Otro grupo (B) de elementos que incrementa el valor la vivienda, aunque no conlleva una mejora de la residencia propiamente tal son: la incorporación del IVA, el incremento del impuesto de 1ª Categoría, la Ley de Aporte al Espacio Público o EISTU, junto con la reducción de jornada laboral o incremento del 4% de las cotizaciones, por citar algunas.

Un tercer grupo (C) tiene que ver con los llamados Planos Reguladores Comunales. Estamos siendo testigos de una creciente tendencia de restricción a la densificación de nuestras ciudades. Los gobiernos comunales, a través de sus alcaldes y concejos municipales, han sido muy volubles a la presión mediática, restringiendo fuertemente la densificación y edificación en altura, lo que impacta directamente en el valor final de la vivienda.

Como se puede apreciar en todos los grupos (A, B y C), es la clase política la que sanciona estos parámetros. Ergo, tenemos entonces que los “culpables” (aunque prefiero llamarlos “responsables”) del incremento del valor de la vivienda, están mayoritariamente en el mundo político y es natural que así ocurra. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de dar soluciones reales y plausibles al tema habitacional, comprometiéndose con el desarrollo de nuestras ciudades con políticas de largo plazo, con una desprejuiciada visión integradora de todos los actores y sectores que intervienen, pues esta será su herencia: mejores (o peores) y más justas (o injustas) ciudades para las generaciones futuras.