Señor Director,

El informe presentado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en relación con un incremento del 25.8% en los tiempos de tramitación de las distintas actuaciones vinculadas a la ejecución de proyectos inmobiliarios, que eleva las cifras promedio a 815 días, nos debe hacer reflexionar y actuar aceleradamente para revertir esta condición.

La incorporación a la gestión de proyectos y tramitación de permisos, de condiciones impuestas por un renovado y amplio marco legal, impone a la industria y actores principales- públicos y privados- aumentos de costos e incertidumbre, los que, junto con determinar mayores precios para los consumidores, también llevan al abandono de inversiones, y, a sobrecargas administrativas en consultas, verificaciones, y lobby. Son todos estos, costos sociales que nuestra actual coyuntura de actividad económica y demanda habitacional no pueden soportar.

Es fundamental que analicemos detenidamente esta situación y encontremos soluciones para mejorar la eficiencia en la gestión de nuestros proyectos en conjunto con las instituciones a cargo. Debemos implementar medidas que agilicen nuestros procesos, mejoren el acceso a la información y faciliten el cumplimiento de las etapas intermedias.  Las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, actualmente en segundo tramite constitucional en el Senado, apunta en la dirección correcta.

La aplicación del criterio de convergencia de los procesos para permitir operar las cadenas de valor en el desarrollo urbano e inmobiliario es crítica ante la diversidad de objetivos y requisitos de nuestro marco legal sectorial.