Es llamativo el revuelo causado por un reciente informe de la Ocde sobre la situación urbana de nuestras ciudades. Primero, porque el documento recién se hizo público el viernes pasado, luego de varios trascendidos de prensa; y segundo, porque sus dos principales conclusiones (que las ciudades chilenas presentan altos niveles de segregación, y que no contamos con la institucionalidad adecuada para enfrentar los desafíos urbanos) hace años que se conocen.

Su mayor aporte es la confirmación de estos desafíos por parte de un panel técnico externo, y ponerlo en contraste con el trabajo de la comisión presidencial para una nueva política de desarrollo urbano, que precisamente viene elaborando una carta de navegación que permita corregir y orientar el rumbo de nuestras ciudades como plataforma para lograr el desarrollo. Esta comisión ya tiene elaborado un borrador de política urbana, que vale la pena revisar para poner en contexto el informe del organismo internacional.

Dentro de las principales recomendaciones de la Ocde se considera desarrollar una definición clara entre áreas urbanas y áreas metropolitanas, de manera de orientar las políticas e instrumentos; asegurar que todas las políticas, iniciativas y proyectos de inversión sectoriales consideren equitativamente las grandes ciudades y las localidades menores; identificar respuestas de política pública que apunten a reducir la pobreza; y promover la movilidad residencial para revertir los efectos negativos de una política habitacional fuertemente enfocada en la propiedad de la vivienda.

Por su parte, el borrador de Política Nacional de Desarrollo Urbano plantea como uno de sus principales desafíos, revertir las dinámicas de segregación urbana presentes en nuestras ciudades y reparar la deuda urbana en cuanto a la provisión de equipamiento, servicios y áreas verdes. Dentro de las líneas de trabajo prioritarias de la comisión está revisar la institucionalidad a nivel ministerial, metropolitano y municipal; modernizar los instrumentos y comprometer inversión pública en bienes públicos, en especial aquellas áreas carentes de equipamiento; integrar políticas de transporte, sociales y económicas para revertir la segregación; y promover políticas y programas que reconozcan los valores culturales y patrimoniales de nuestras comunidades.

Si bien la Ocde insiste en que su informe no pretende influir o intervenir en el trabajo de la comisión presidencial, tanto el diagnóstico como las recomendaciones de ambos documentos presentan una convergencia en los instrumentos y prioridades propuestos.

Uno de los aspectos que más llama la atención de la Ocde es la promoción del subsidio al arriendo, de manera de facilitar la movilidad residencial. Si bien el Minvu ha iniciado algunos programas piloto en esta materia, asociado a los planes de reconstrucción, llama la atención el giro que esta sugerencia podría dar a una política que por más de tres décadas apuntaba a garantizar el acceso a la propiedad de la vivienda. Este tipo de recomendaciones hay que entenderlos en un contexto en que a finales de esta década Chile estará ad portas de convertirse en un país desarrollado, y tenemos que comenzar a planificar las ciudades para corregir los errores de hoy, y para que sean una plataforma de bienestar.