Continúa alerta en prensa por postergada discusión sobre la nueva Ley de Fomento de la Arquitectura

Considerando que la Política de Fomento de la Arquitectura entregada el 2017 cumple su plazo de cinco años para ser revisada este año, y que aún no se ingresa a trámite constitucional en el Congreso Nacional la propuesta legislativa que entrega un nuevo marco a la arquitectura, distintas voces se han alzado en la prensa para poner el acento en un proyecto en el cual la Asociación de Oficinas de Arquitectos ha participado desde sus orígenes.

En una de sus más recientes columnas de opinión, “Una ley para nuestra brillante arquitectura” publicada en La Tercera, el periodista y fundador de Santiago Adicto, Rodrigo Guendelman, hizo énfasis en que la propuesta legislativa debería iniciar prontamente su tramitación, destacando su importancia y la necesidad de darle curso: “Basta leer el primer artículo de nuestra futura (seamos optimistas) Ley de Fomento de la Arquitectura, que está escrita pero que no ha llegado a ser revisada y discutida en el Congreso, para dimensionar su relevancia. Dice así: ‘El Estado de Chile apoya, fomenta, promueve y difunde el valor cultural de arquitectura como un bien social de interés público, e impulsa su desarrollo para contribuir a mejorar la calidad del entorno construido, y en consecuencia, la calidad de vida de las personas. Así mismo promueve la valorización de las obras arquitectónicas y urbanas y el espacio público por parte de la ciudadanía, como aspecto fundamental del patrimonio de la Nación, y proyecta la calidad en el ejercicio profesional de esta disciplina como factor esencial en la construcción de identidad y en el desarrollo cultural, promoviendo la participación de la ciudadanía en dichos procesos’. ¿Qué estamos esperando?”.

Días después, La Tercera publicó una carta del past president AOA, Yves Besançon, quien respaldó lo planteado por Guendelman, señalando que “Frente a las urgentes necesidades de viviendas sociales, una nueva ley de Arquitectura permitiría entregar innovadoras soluciones para bien resolver una carencia que debe ser enfrentada como política de Estado y con la participación de los arquitectos, amparados por este marco legal que en España, Francia y otros países ha permitido velar por la calidad de la Arquitectura”.

Besançon ya había levantado la alerta sobre la situación en el mes de junio, en la columna “Una ley para la arquitectura”, publicada en La Segunda, y comentada en una entrevista en el programa Plaza Pauta, de radio Pauta (inicia en el minuto 43:09). En ambas instancias describió el proceso que se realizó durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, bajo la dirección del entonces ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura, Ernesto Ottone, que elaboró una Política de Fomento de la Arquitectura, con participación de ciudadanos de diferentes medios gremiales, profesionales y académicos, documento que tendría una duración de cinco años (2017-2022). En tanto, describió la calidad de un texto consensuado, el cual se hace necesario para los tiempos que corren: “Esta política de Estado, que incluye conceptos fundamentales sobre la actual situación de la arquitectura, y reafirma su proyección como bien de interés general, permitiría garantizar la calidad de la arquitectura nacional, y fomentar vivamente su difusión”, señaló.