Nuestro país es uno de los más urbanizados del mundo con un 90% de su población viviendo en ciudades, por lo que los equilibrios en nuestras urbes entre el espacio construido, el espacio público, áreas verdes y las zonas peatonales, ciclovías y viales son fundamentales para crecer en forma sustentable y armónica. Para ello, la planificación urbana es una eficaz herramienta para organizar la ciudad que queremos y para compartir entre todos, la extensión de la que se dispone.
El espacio público, además, tiene que tener la calidad y la dimensión necesarias para que áreas verdes y lugares de permanencia puedan convivir para beneficio de todos los ciudadanos. Las mitigaciones que los proyectos deben aportar, dependiendo del impacto que causan en el sector en el que se ubican, es una manera de producir aquel equilibrio. La Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público así lo estipula, no sólo exigiendo las mitigaciones que la autoridad considera a través de estudios de impacto que debe proveer el titular de un proyecto, sino que además con otros que pueden llegar a ser equivalentes al 44% del valor de tasación del terreno. Estas obras, una vez determinadas, deben ejecutarse y estar terminadas antes de la recepción final y los aportes deben ser administrados por el municipio mediante Planes de Inversiones en Infraestructura Pública (PIIM EP). Estas no solo favorecen a la comunidad por el impacto que produce el nuevo edificio, sino que también al propio proyecto en cuanto a su accesibilidad y entorno.
Se trata de una especie de “ley pareja” que viene a remediar un factor injusto que antes, con los EISTU (Estudio sobre el Sistema de Transporte Urbano), se afectaba solo a los grandes proyectos y los de menor tamaño no tenían exigencias. En cuanto a los aportes que además deben entregar los proyectos, son considerados según los planes de gestión que deben realizar los municipios para inversiones en espacio público en cualquier lugar de la comuna.
Desafíos al respecto
Es también necesario comprender que esta y otras medidas nacen de la idea de generar mejores ciudades y barrios con buen espacio público para el beneficio colectivo de los ciudadanos y una mejor calidad de vida más equitativa y justa, también es un factor más de encarecimiento de los costos de construcción. El mayor valor que estas mitigaciones producen a los proyectos se traspasa al comprador, por lo que es este último quien contribuye, en gran medida, en estos aportes.
Este sistemático aumento de los costos ha provocado que el valor de la vivienda se haya duplicado en los últimos veinte años y esta alza ha dificultado el acceso a la vivienda a muchas familias. Sin perjuicio de lo anterior, el sistema ha funcionado y los proyectos han hecho importantes aportes en mitigaciones viales y del espacio público en su entorno. Veremos si la nueva ley produce un efecto importante en mejorar nuestras ciudades en cuanto a su democratización en el reparto de estos aportes para lograr mejores barrios y con la calidad que el espacio colectivo demanda con urgencia. No cabe duda que nuestras ciudades serán más sostenibles en el tiempo si la inversión en áreas verdes, arbolado urbano, infraestructura vial y peatonal, junto a equipamiento y servicios se traduce en realidad y estos aportes no se diluyen en burocracia o en inmovilismo de las reparticiones públicas que deben velar por el buen uso de estos recursos.
Recuadro
“Las mitigaciones que los proyectos deben aportar, dependiendo del impacto que causan en el sector en el que se ubican, es una manera de producir aquel equilibrio”.
Yves Besançon , past president de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).
La Tercera – Urbanismo y Mitigación Vial
