No es posible hoy entender la segregación social en las grandes ciudades de Chile partiendo por Santiago sin referirnos a la política de vivienda social desarrollada por el Estado a partir de 1950. A partir de esa década dos tercios de las viviendas sociales fueron planificadas, construidas, encargadas o cofinanciadas por el Estado. Por ello no es de sorprender que a partir de 1960 buena parte de la expansión de Santiago y hasta la década de los 80 fue el Estado el que actuó como Inmobiliaria a través del Minvu.

Durante ese período el Estado decidió su gasto principalmente en función del déficit habitacional cuya magnitud solo empezó a decaer en la década de los noventa cuando la iniciativa de desarrollo se traspasa al mundo privado y la realidad económica del país mejoró. La política fue exitosa como programa de redistribución del ingreso hacia las familias más pobres y el déficit habitacional disminuyó sosteniblemente en relación al número de habitantes. Hoy el porcentaje de habitantes con electricidad, agua potable y alcantarillado supera el 95% en las ciudades de Chile. Pero al mismo tiempo, el Minvu hizo su política habitacional ignorando casi completamente sus efectos urbanos más dañinos. El más relevante de aquellos es el sesgo “perificador” constatado en el estudio de Galetonic y Jordan, en el cual se constata como las poblaciónes de viviendas sociales de aquella época se construyeron lejos del centro. La causa directa es el método ocupado por el Minvu para decidir la localización de sus desarrollos, en el que solo se considera el precio del suelo y el de la construcción. Con este criterio, es inevitable que los proyectos de vivienda social se localicen en la periferia donde hay menos infraestructura, peor accesibilidad y suelos más baratos.

Como consecuencia directa, a partir de 1960 en que se fijó un límite urbano a Santiago ha sido el mismo Minvu quien lo ha ampliado cada vez que ha necesitado más suelo para construir viviendas. Buena parte del suelo incorporado entre los 60 y mediados de los noventa está ubicado al Poniente y al Sur donde se edificaron la mayoría de las viviendas sociales.

La segregación nace como consecuencia principalmente de estas políticas permanentes de Estado que por más de medio siglo hacen crecer la ciudad instalando la vivienda social o económica en los suelos más lejanos y baratos. Así, Santiago en su perímetro sur y poniente, Viña y Valparaíso en los cerros, y Concepción- hacia el poniente, el norte y en cerros , construyeron durante décadas, enormes cinturones con las mayores concentraciones de pobreza. Dichas zonas tienen el denominador común en Santiago, de pertenecer a municipios más pobres, menos organizados, con escasos espacios para la interacción social, áreas verdes y baja inversión en mantención del espacio público reflejado en un deterioro acelerado de calles y viviendas.

Revertir esta situación tiene dos caminos tan necesarios como complementarios. El primero, invertir en infraestructura vial, de locomoción, colegios, centros de salud, parques y servicios en las Comunas periféricas y la segunda, favorecer la densificación de las Comunas más centrales con un mayor nivel de inclusión de viviendas sociales o económicas bajo las 2000 UF. En ello, el Plano Regulador Metropolitano puede tener un importante papel si logra imponer a dichas comunas una densidad mayor, acorde a su capacidad. Es lamentable ver en las Comunas centrales como Santiago, Estación Central, Quinta Normal, Independencia, San Miguel amplias áreas tremendamente desaprovechadas – Basta ver la escasa densidad en torno al Parque O’Higgins, al Parque Balmaceda de Los Reyes – Padre Hurtado, en los que salvo escasas manzanas el resto está construido con densidades de 80 habitantes por hectárea, frente a ciudades Europeas en cuyos cascos centrales hay 350 – 400 o más habitantes por hectárea con excelentes índices de calidad de vida.

La densificación de zonas centrales, bien conectadas y con infraestructura, se enfrenta a los altos precios de los terrenos en dichas ubicaciones, y en muchos casos a Planos Reguladores que limitan el número de viviendas excluyendo de este modo las viviendas mas económicas o sociales. Corresponde a la autoridad – Minvu y Municipios – subsanar esto mediante Subsidios Habitacionales a proyectos que incluyan un porcentaje de viviendas sociales en estas Comunas y premios de mayor constructibilidad cuando esto se produzca, para reducir el impacto del precio del terreno sobre las viviendas.

Contrasta este enfoque con las limitaciones que Planes Reguladores ponen a la densidad impidiendo la existencia de vivienda económica en gran parte de su territorio. Comunas del sector Oriente como Ñuñoa; La Reina; Providencia, Las Condes y Vitacura limitan severamente el número de viviendas por hectárea. Esto tiene como consecuencia por ejemplo, que en zonas como Avda. Colón en Las Condes el depto. promedio que resulta de aplicar la densidad local sobre la constructibilidad permitida es de 124m². Evidentemente no hay inclusión social posible con densidades tan restrictivas. Esto se repite lamentablemente con diversa intensidad en el resto de las comunas mencionadas.

Favorecer la inclusión con familias jóvenes o de menores recursos en las Comunas centrales está en manos de los legisladores, el Minvu y los Municipios. Muchos países tienen políticas conocidas para lograrlo y lo están haciendo, renovando sus áreas centrales con inversión y nuevos habitantes. Esperamos que nuestro país no se quede atrás en este desafío. Herramientas existen, solo falta voluntad.