En el último tiempo, la judicialización de un sinnúmero de proyectos inmobiliarios, junto con una creciente resistencia de parte de sus vecinos, han instalado en la opinión pública la idea de que el desarrollo de nuevos proyectos es una mala noticia.

Sin embargo, no hay que perder de vista que un 90% de la población vive en ciudades, buena parte de ella en grandes metrópolis, que la población seguirá creciendo y que la esperanza de vida seguirá prolongándose; es decir, seguirá creciendo la demanda por habitación, trabajo y servicios. Por tanto, debemos ser responsables y receptivos en responder a estas demandas sin prejuicios ni dogmas. La densificación equilibrada y el uso mixto del territorio, en zonas bien abastecidas de transporte público, servicios y parques o plazas, permite reducir sustancialmente el tiempo y recursos energéticos que la ciudad demanda, y mejorar mucho la calidad de vida de sus habitantes.

Lamentablemente, los recursos con los que cuenta la inmensa mayoría de los municipios para la planificación a largo plazo —única manera de facilitar el desarrollo urbano— son muy limitados; los tiempos políticos tampoco favorecen esta planificación. Por otra parte, mucha de la regulación nace para ‘limitar’ o ‘contener’ visiones antagonistas o de desconfianza entre los actores relevantes, en circunstancias que los mejores resultados se obtienen cuando estas visiones se conjugan armónicamente.

El desafío está en una planificación desprejuiciada, ambiciosa y generosa de nuestras urbes, articulándose en ciudades policéntricas, donde la densificación debiera ser bienvenida y conciliar los intereses de quienes ya habitan una zona y de quienes aspiran llegar a ella.

No podemos seguir extendiendo nuestras ciudades si tenemos vastas zonas subutilizadas al interior de estas. Y para ello, el desarrollo equilibrado es buena parte de la solución. Otra es potenciar y equipar zonas periféricas con subcentros que lleven ‘la ciudad’ a los barrios más desprovistos de servicios, equipamiento y fuentes de trabajo.

Cuando existe inversión pública y privada en infraestructura y equipamiento, debe favorecerse que todos puedan aprovecharla, tanto quienes ya están establecidos en esos barrios como quienes aspiran a habitarlos.