La relación entre el Estado de Chile y los arquitectos y arquitectas se ha vuelto cada vez más difícil. No desarrollaremos aquí los problemas en torno a los permisos y licencias de obras, que es un tema que afecta a la sociedad en general, sino que nos enfocaremos en los concursos convocados por el Estado para la realización de edificios públicos. 

Optar a proyectos por esa vía es un desgaste que cada vez menos arquitectos realizan. Si en el país ha existido una desaceleración, es incongruente que el Estado ponga cada vez más limitantes que ahuyentan la participación en licitaciones, toda vez que estas implican un costo altísimo. 

A continuación, los principales problemas vigentes y sus potenciales medidas que pueden fortalecer la presencia de los arquitectos en los concursos públicos, generando un círculo virtuoso que culminaría con mejores obras para la sociedad entera. 

Un gran número de las mejores obras, que tanto han aportado a las ciudades de nuestro planeta, fueron obtenidas vía concursos; y muchos arquitectos hoy se resisten a participar por las exigencias y demandas desmesuradas que nada tienen que ver con el bienestar que la buena arquitectura debe proporcionar. 

   1.- El concurso de anteproyectos versus la licitación: Los concursos de Arquitectura fueron el principal medio por el que el Estado ejecutó los mejores y más trascendentales edificios públicos institucionales, educacionales, de vivienda, etcétera, a lo largo de Chile. En último tiempo, y probablemente por la necesidad de realizar el proyecto, construcción e inauguración en un mismo período político, la modalidad de licitación se ha impuesto a la del concurso. La licitación implica una cantidad de burocracia y desgaste que pocos se pueden permitir, produciendo un alto impacto en la realidad económica financiera el Estado y de las oficinas de arquitectos; por tanto, es urgente volver a la modalidad del concurso de anteproyectos, donde existiría mucho más y mejor participación, ya que no implica ese desgaste innecesario; además de permitirle al Estado escoger y contratar los mejores proyectos para la sociedad en general. 

   2.- El Estado como mandante: Para participar de un concurso o licitación pública de arquitectura es necesario considerar una gran cantidad de antecedentes y papeleos que deben proporcionar los arquitectos y que son vitales para todo proceso de concurso público, pero que ya existen y están claramente acreditados en la categorías que cada arquitecto tiene en el MOP o en otras instituciones. 

   3.- El arquitecto como empresario: El Estado al llamar a licitación considera al arquitecto como empresario; sin embargo, le pide aún más al encargarle la contratación de otros profesionales. Lo anterior deja a muchos fuera de las licitaciones, ya que no disponen de recursos, espaldas ni capacidades suficiente para liderar económica y financieramente un proyecto. El arquitecto debe/puede ser cabeza de un proyecto al coordinar y supervisar las especialidades, pero no es su responsabilidad el pagar a otros profesionales. Además, el estado no siempre paga a tiempo, lo que pone a los arquitectos a cargo del proyecto en situación de financista, lo que no corresponde.  

El Estado pone por delante la viabilidad económica del proyecto, lo que está muy bien, ya que maneja los recursos de todos; sin embargo, esto lleva muchas veces a que queden en el camino los mejores proyectos, premiando a los más equívocamente “baratos” y no a los mejores, entendiendo que la idea arquitectónica, tanto como la viabilidad económica, debieran ser consideradas siempre de manera prioritaria.

   4.- Jurados: Los jurados tienen por lo general muy poca representación de arquitectos, siendo que están juzgando potenciales obras de arquitectura. Se propone una mayor participación de arquitectos con excelencia y experiencia en los jurados de los concursos/ licitaciones, con especial énfasis en la elección de algún jurado miembro representante de los concursantes (figura que no está siempre presente), así como la representación de las entidades gremiales.

Conclusiones: La decisión del Estado de Chile de privilegiar la licitación por sobre el concurso de ideas o anteproyectos ha llevado en muchas ocasiones a la disminución de la calidad de la arquitectura pública nacional. El Estado es el mayor contratante de obras y el decidir quién ejecuta cada proyecto es de vital importancia.

El concurso de ideas le permite focalizarse en el proyecto, destinando menos horas y recursos que los que invierte en una licitación, pudiendo participar más activamente. Lo anterior posibilita que el Estado disponga de más y mejores proyectos donde elegir, lo que lleva inevitablemente a tener mejores edificios públicos.

La arquitectura es una disciplina que debe poner a la sociedad por delante y con los aspectos que prioriza el Estado a la hora de evaluar un proyecto. Esto último no ocurre, pues se prioriza la equívoca inmediatez y el ahorro mal entendido.