La cuarentena y crisis social cobrarán más víctimas que el virus. Un incendio reciente dejó damnificadas a más de 100 familias de la toma Violeta Parra en Cerro Navia. Las tomas de terrenos y campamentos se desbocaron el último año, con más de 21 mil familias expulsadas a la calle por pérdida de empleo, flujo migratorio, arriendos abusivos o temor al contagio por hacinamiento. Ese “campamento invisible” desgarradoramente ilustrado por La Tercera en la crónica de la familia Torres, donde ocho personas viven el encierro en un piso de 42 m2 en Bajos de Mena.

Hace un año alertamos que el próximo estallido sería la crisis de vivienda. Pese a los esfuerzos del Minvu, municipios y organizaciones como TECHO, la bomba sigue latente. Contamos con la capacidad, recursos y voluntad. Pero necesitamos de todas las herramientas disponibles para enfrentarla, y lamentablemente no estamos llegando a tiempo a desactivarla. Como me dijo el diputado Winter del FA: “podemos tener la solución técnica, pero es un tema ideológico”.

Esta barrera ideológica es, por un lado, la resistencia de la derecha neoliberal a que el Estado haga gestión inmobiliaria y de suelos para construcción de vivienda pública, -so pretexto que el privado es más eficiente por la estructura de incentivos- ; y por la izquierda radical, la negativa a que empresas inmobiliarias obtengan una legítima utilidad o lucren al participar en programas de vivienda financiados con fondos públicos.

Pese a ello, en los últimos meses el Minvu ha logrado ampliar su campo de acción, con dos herramientas inéditas que se incorporan como normas permanentes y glosas en el presupuesto de la nación: la indexación de un 5% del Fondo Solidario para compra directa de suelo, y la glosa 12 que aumenta el subsidio cuando hay ahorro previo en comités que no tienen terreno o proyecto. Son más de 32 mil millones de pesos disponibles para comprar suelo para viviendas en buenas localizaciones. Esto marca el inicio de una política real de suelos, reforzada con la reciente venia del Presidente Piñera a explorar la transferencia directa de terrenos fiscales al Serviu sin que este último tenga que pagar al mismo Estado por ello. Así, este año el Minvu llegará a cerca de 50 compras directas de terrenos y que el próximo se inicien obras para más de 80 mil viviendas.

Celebramos que el gobierno se abra a innovar y dejar atrás prejuicios ideológicos, pero lamentablemente estos esfuerzos no serán suficientes si no abrimos espacio para que el sector privado también concurra a paliar esta emergencia. Interpelamos a que la izquierda radical se abra -más allá de la pronta aprobación de la Ley de Integración Urbana-, a explorar pilotos donde se invite a privados a concesionar la construcción y operación de edificios para la vivienda con arriendo protegido en terrenos públicos. La única manera de evitar este estallido es creando un verdadero shock de oferta de vivienda accesible, digna y protegida por el Estado, dejando atrás prejuicios ideológicos. El Estado y todos los actores deben concurrir en la gestión de suelo en los territorios donde hemos fallado, para que las familias vulnerables dejen de ser expulsadas o sigan viviendo en “campamentos invisibles”‘ por siempre.