Las ciudades viven emergencias de forma periódica y muchas de ellas, a veces por falta de estrategias de gestión o por la fuerza de la naturaleza, se transforman en grandes tragedias.

Independiente de su origen, la pregunta es saber cuántas de aquellas pudieron prevenirse enfrentándolas con preparación. El Estado ha gastado en los últimos ocho años cerca de US$ 8.000 millones como consecuencia de desastres naturales, tanto para actuar en los primeros momentos de la emergencia como en la reconstrucción posterior.

En Chile no estamos ajenos a este tipo de fenómenos y siendo el país más sísmico del mundo, nuestras emergencias en terremotos no se transforman en tragedias mayores porque estamos muy bien preparados, con arquitectura e ingeniería de calidad, además de infraestructura adecuada y normativa exigente.

Debiéramos entender la misma lógica para enfrentar tanto los grandes incendios forestales como las lluvias e inundaciones provocadas por el cambio climático y sus devastadoras consecuencias en el norte del país.

Hoy, nuestra infraestructura pública es deficiente y no está suficientemente desarrollada para soportar estas emergencias que seguirán ocurriendo cada vez con mayor frecuencia, y que sí se han convertido en tragedias con grandes pérdidas y perjuicios para el Estado y las personas.

Tanto la edificación pública como aquellos emplazamientos que acogen servicios públicos deberán estar, en el mediano plazo, diseñados para enfrentar eventos como las inundaciones y grandes incendios, que ocurren en el norte y sur del país. Si bien cumplen un rol importante en tiempos normales, se tornan indispensables en emergencias y catástrofes. Es así como es un error construir colegios, hospitales, gobernaciones, intendencias o municipalidades en el borde costero, por los graves efectos estructurales que pueden sufrir en caso de tsunamis.

La localización de nuestros edificios públicos, así como su materialidad y diseño arquitectónico y estructural, deberán estudiarse bajo la lógica de enfrentar las emergencias de tal manera que no colapsen ni se conviertan en parte de la catástrofe, quedando sin operar en los momentos de mayor necesidad.

Es un imperativo que dediquemos parte importante de nuestro esfuerzo para prevenir y prepararnos, para así anticiparnos a los problemas que hemos lamentado estos últimos años. Dotar a la Conaf de todos los elementos necesarios -tanto terrestres como aéreos- para combatir los grandes incendios y construir las obras que permitan soportar aluviones y ser resilientes a inundaciones violentas y devastadoras, debieran estar en las prioridades del Estado, en forma permanente.

Las pérdidas en infraestructura son millonarias y las humanas, irreparables. Cualquier inversión en esta materia será amortizada rápidamente y eficazmente si tomamos las medidas adecuadas con la debida anticipación.