POR SU diversidad geográfica, Chile es un territorio en que con frecuencia ocurren catástrofes naturales de distinta índole y magnitud. Un ejemplo de ello fue el terremoto y posterior tsunami registrado el 27 de febrero de 2010, que dejó como saldo cerca de medio millar de víctimas fatales y severos daños en infraestructura pública y privada. El evento evidenció también el escaso nivel de preparación que tenía el país para prevenir los riesgos asociados a este tipo de sucesos, como la incapacidad para manejar adecuadamente la emergencia. El fracaso que se registró en ese momento para actuar en un episodio así fue tal, que actualmente ocho personas se encuentran formalizadas por su presunta responsabilidad en las fallas que impidieron alertar oportunamente a la población del maremoto que se produjo la madrugada de ese día.

En este marco, un grupo de especialistas del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en conjunto con la Fundación Mapfre, entregaron las conclusiones de un estudio que realizaron con el propósito de ofrecer propuestas que contribuyan a perfeccionar la capacidad de respuesta frente a escenarios de desastre. Entre las principales iniciativas que menciona el documento plantea la necesidad de crear una “política nacional de emergencia y reconstrucción permanente”, para lo cual sugiere la creación de agencias que se coordinen no sólo en las etapas de prevención o conducción de las crisis, sino que además en la de reconstrucción.

Sin duda, al ser Chile un país sísmico, requiere contar con entidades públicas preparadas para operar frente a catástrofes naturales, organismos que deben estar dotados de profesionales altamente calificados y disponer de los recursos suficientes para funcionar. Asimismo, es fundamental la existencia de protocolos que establezcan cuáles son las medidas preventivas a aplicar, cómo se debe actuar en casos de emergencia, quiénes son las autoridades e instituciones responsables de tomar las decisiones, de qué manera se va a coordinar el trabajo y la ayuda, y de dónde se obtendrán los recursos necesarios para la reconstrucción, entre otros.

En la medida que exista un plan de acción que defina claramente aquellos procedimientos y quiénes los ejecutarán, no parece necesario crear una institucionalidad adicional de carácter permanente que se encargue de la reconstrucción. Es evidente que a casi tres años del 27/F hay todavía trabajo por hacer en esta materia, particularmente en vivienda, donde el grado de avance, según el gobierno, alcanza el 55%. Pero el nivel de progreso en la reconstrucción no es atribuible exclusivamente a deficiencias institucionales (como por ejemplo la demora en la entrega de títulos de propiedad y de los permisos de construcción), sino también a lo compleja que es la tarea de levantar miles de viviendas en un plazo breve de tiempo. De hecho, si se compara la reconstrucción chilena con casos similares en otros países, ella sale bastante bien parada. Siendo así, lo que correspondería hacer es resolver las posibles falencias y no generar organismos permanentes para ese fin.

Paralelamente, el informe entrega otras recomendaciones que aportan al debate y que ameritan ser evaluadas por las autoridades, como invertir en obras de mitigación en las ciudades, la elaboración de mapas de riesgo y la actualización de planes reguladores.