Las ciudades han sido siempre -y lo seguirán siendo- la máxima expresión cultural de la civilización que las construyó. Hemos desenterrado ciudades que nos cuentan de las costumbres, creencias, modos de vida, nivel de desarrollo y tecnologías que sus habitantes desarrollaban.

Junto a sus edificaciones, las ciudades también nos hablan de la organización política, económica y social de las comunidades. Las ciudades albergan las expresiones culturales que distinguen a una época y las sucesivas y, por lo tanto, son testimonio del progreso, la diversidad y la calidad de vida de sus habitantes.

No cabe duda, entonces, que la arquitectura es una expresión cultural grande, puesto que en sí acoge a una amplia diversidad de artes.

La creación de la institucionalidad cultural ha sido un antiguo y ansiado anhelo de artistas, artesanos y arquitectos que, por fin, se ha materializado en un nuevo nombre: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Más allá de este nombre, lo más relevante es su existencia y los arquitectos aplaudimos con fuerza que ello sea hoy una realidad.

En este nuevo contexto, el ministro Ottone ha promovido el diseño de leyes de fomento para cada sector de las artes, incluido el de la arquitectura. Todos los actores involucrados -colegios profesionales, asociaciones gremiales y universidades- estamos interesados en que estas leyes lleguen a puerto, por lo que estamos trabajando para colaborar en la siguiente labor legislativa.

La ley de fomento de la arquitectura es una oportunidad para hacer real un soporte que requieren nuestras ciudades, el entorno construido y el espacio público como un reconocimiento a la importancia que tienen para la memoria colectiva.

En el futuro período de elecciones y de propuestas de gobierno, resulta imperativo una definición y visión claras de los candidatos sobre la calidad de las ciudades y de la vida en ellas, profundizando en la gestión del espacio público y en las políticas públicas orientadas a promover mejores estándares de edificios y entornos, avanzando hacia urbes sustentables, amables y justas.

Si, como sostiene Alejandro Aravena, la arquitectura es un atajo para obtener equidad social, nos parece de vital importancia hacerse cargo de ello, comprometerse y manifestarlo concretamente en los programas de gobierno. La ley de fomento de la arquitectura apunta hacia esa meta y el apoyo del Estado es fundamental; la legislación debe ser entendida como una política transversal y los arquitectos estamos aquí para cooperar en su elaboración y en su implementación.

La promoción y fomento de proyectos de buena calidad mediante la realización de concursos públicos, el desarrollo de la labor gremial de los arquitectos, la enseñanza de la arquitectura en las universidades del país y la internacionalización del ejercicio profesional chileno -testimonio del alto nivel que ha alcanzado en las últimas décadas-, son factores que nos obligan hoy a preocuparnos por tener un buen y robusto marco legal sectorial.

Sí la arquitectura es una expresión de cultura, existe una deuda importante para asegurar y proyectar su excelencia, respetar la identidad cultural urbana y la calidad de la obra arquitectónica, asociado al respeto por el entorno y el patrimonio. Confiamos en que el proceso que ya hemos iniciado consolide una herramienta que garantice la promoción, exposición y conducción de mejores espacios públicos, barrios y ciudades para todos.