El histórico Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución abrió una vía política e institucional que esperamos baje los niveles de violencia y polarización surgidos en ambos extremos del estallido social. Si bien no estábamos en guerra con nadie, en la medida que las demandas sociales sean escuchadas y más agrupaciones se plieguen al pacto, la violencia dará espacio a la necesaria tregua para atender las heridas e instalar el diálogo. Debemos condenar toda forma de violencia sin matices, y evitar que futuras movilizaciones sean excusa para que vuelva. En la medida que las marchas pacíficas se distancien de los enfrentamientos, quedará en evidencia quiénes son los ciudadanos que se movilizaban pacíficamente y quiénes los antisistémicos así como aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que se excedieron en sus funciones.

Esta ventana de oportunidad que abre el pacto es clave para que el Gobierno y el Parlamento avancen rápidamente en la implementación de las reformas más urgentes, y también nos llama a todos los miembros de la sociedad civil a proponer ideas, soluciones e iniciativas para recuperar los daños físicos y espirituales de estas cuatro semanas de conflicto.

En el caso de nuestras ciudades, el daño en el espacio público, patrimonio, infraestructura y equipamiento es tal vez donde el resultado de la violencia es más tangible. Si en el origen del estallido social reconocemos la segregación socioespacial, la carencia de oportunidades en las periferias y la falta de vivienda accesible para todos, hoy dichas inequidades se han exacerbado con la destrucción del Metro, el saqueo y quema de miles de centros de abastecimiento, locales comerciales y fuentes laborales, así como la vandalización de monumentos, parques y espacios históricos de nuestras ciudades.

En este contexto, comienzan a surgir desde diversos ámbitos propuestas de medidas de corto, mediano y largo plazo para avanzar en aquellas materias urgentes que garanticen las condiciones mínimas urbanas para un diálogo social. Es así como el 23 de octubre el Premio Nacional de Arquitectura Miguel Lawner subió a las redes sociales un ‘borrador para la discusión y unidad social’, algunas universidades, centros de estudio, fundaciones, ONGs, cabildos ciudadanos y quien escribe hemos seguido el camino. La clave ahora es conducir estas propuestas por canales institucionales legítimos y creíbles que orienten la toma de decisiones de las autoridades.

Tal como declaró la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el canal más idóneo para esta tarea es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), institución del Estado creada para orientar al Presidente y las autoridades en estas materias. El CNDU se ha propuesto recibir y consolidar en las próximas semanas recomendaciones o propuestas para ser entregadas a las autoridades, las que no pretenden mantener el statu quo, ni reemplazar las también urgentes instancias de diálogo y reformas más profundas que también son parte del trabajo del Consejo.

Revisa la columna publicada en La Tercera por Pablo Allard.