Puede atribuirse al aumento en el ingreso, o a los mayores niveles de educación, o a la creciente interconectividad que permiten las tecnologías de la información, o a una mezcla de todo lo anterior, más otros elementos. Lo concreto es que la ciudadanía de hoy no es la misma de hace solo unos pocos años.

Sean los estudiantes escolares y universitarios que demandan mejoras en la educación, o los consumidores que exigen sus derechos y un trato no abusivo por parte de las empresas, o las comunidades que alzan la voz frente a actividades que estiman lesivas para su entorno -el listado es interminable-, el denominador común es este: una ciudadanía más empoderada, más exigente, menos dispuesta a conformarse con el actual estado de cosas.

Este fenómeno puede ser visto con temor por muchos, porque altera el statu quo y crea desequilibrio. Pero también constituye una energía movilizadora que, bien canalizada, debería ser fuente de progreso para el país. El desafío radica precisamente en darle un cauce institucional apropiado, conteniendo excesos y orientando potenciales, y son las dirigencias políticas las llamadas a cumplir ese papel, que hasta ahora les ha costado comprender, aceptar y asumir.

En un Estado unitario y centralista como el chileno, las autoridades políticas nacionales son claves, pero cada vez más insuficientes. Si el poder ciudadano se ha descentralizado, el de las autoridades mal puede mantenerse inmutable. Parece claro que los municipios deberían cobrar cada vez más protagonismo, en su función de instancias capaces de encauzar las expectativas ciudadanas y de darles respuesta eficaz, que es algo muy distinto de ser meras cajas de resonancia de las mismas, en cuyo caso llegan potenciadas al nivel central.

El ordenamiento administrativo chileno en el nivel de base ha tenido numerosos cambios y se han intentado múltiples experimentos desde el origen de la República. Hasta fines de la década de 1960, el municipio en Chile se movía en un ámbito muy reducido de funciones y en una total dependencia de los recursos centrales. Eso cambió durante la primera mitad del gobierno militar, cuando se ampliaron sustancialmente sus competencias y se transfirieron mayores recursos desde el nivel central al municipal. En los años 80 se inició una migración masiva hacia ellos de la educación pública primaria y secundaria, así como de la mayor parte de los establecimientos de salud primaria, y comenzó la participación de los municipios en la política social, con la focalización de subsidios monetarios mediante la aplicación de la ficha CAS. Desde 1990, con el advenimiento de la democracia, sobrevino una nueva etapa de cambios en la institucionalidad municipal. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1992 reintrodujo la elección democrática de alcaldes y concejales, y cuando menos tres reformas importantes a la Ley de Rentas Municipales han permitido un aumento en los fondos municipales.

Con todo, esos cambios estructurales no han sido suficientes para modelar el nuevo rol de mayor eficacia que los municipios y sus autoridades están llamados a desempeñar actualmente. El gobierno central sigue tomando decisiones e involucrándose en asuntos que deberían quedar en el ámbito local -los llamados a suspender las clases en sus escuelas, por ejemplo, podrían ser de competencia municipal, y no del Ministerio de Educación, como ocurrió esta semana-. A su vez, los alcaldes se inclinan a imputar al gobierno de turno la responsabilidad por los problemas que denuncian sus vecinos, sin asumir la propia. Pero, al mismo tiempo, ellos están sujetos a perentorias exigencias en materia de seguridad pública, a cuyo respecto carecen totalmente de atribuciones. Las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales deberían contemplar necesariamente sus fórmulas precisas para modernizar nuestra institucionalidad local, que cada día se ve más exigida -y sobrepasada- por la realidad nacional contemporánea.