Nuestro país, una vez más, elige a los 346 alcaldes que administrarán los gobiernos locales. Es la ocasión para enviar algunos mensajes a nuestros líderes comunales electos y exigirles que presten atención y definan sus posturas en relación al uso que pueden hacer de algunas de sus atribuciones o ámbitos de acción que la Constitución les otorga.

De entre varias de sus principales funciones, tal vez, la primera que debiera requerir una atención permanente de ellos es la actualización de los Planes Reguladores Comunales. Hoy, la realidad nos muestra que seis de cada diez comunas del país no cuentan con estos instrumentos actualizados.

¿Por qué su importancia? Porque se reconoce a la planificación urbana como la herramienta más eficaz para compatibilizar los legítimos intereses particulares de las personas o grupos de personas con la necesidad de satisfacer los intereses públicos, ampliamente conocido como el bien común.

Este instrumento establece, durante el periodo de su elaboración, un cronograma efectivo de participación ciudadana y ordena al alcalde a medidas concretas de difusión de los objetivos que persigue el plan propuesto.

Desgraciadamente, se desaprovecha esta oportunidad y, solo una vez que los intereses privados de las personas o grupos de personas se sienten amenazados, se presiona a la autoridad para que les conceda lo solicitado.

De allí la importancia que los alcaldes electos presten especial interés al proceso de planificación urbana. Es lamentable, por ejemplo, que se utilice el recurso de congelamiento de permisos de edificación para así obtener más tiempo para recién comenzar a pensar el barrio o la ciudad.

Una segunda tarea es la asociada a responder los problemas de seguridad, que han sido identificados en las encuestas como prioritarios por los ciudadanos. Si bien este ámbito tiene que ver con múltiples acciones -la mayoría de ellas escapa de las competencias de un gobierno comunal-, la correlación entre seguridad ciudadana y calidad del espacio público nos trae de nuevo a entender que la solución esté dentro de la acción de los ediles.

Diversos estudios han identificado algunos elementos que sí inciden en la seguridad de las personas en una ciudad: una adecuada iluminación, limpieza, eliminación de grafitis no artísticos, cierre de sitios eriazos. Todos ellos de incumbencia de la acción municipal. En concreto, un espacio público de calidad es, tal vez, una de las mejores herramientas para proveer seguridad.

Finalmente, un último desafío se enfrenta a una penosa realidad nacional: los campamentos. Algunos sondeos establecen que aún existen entre 17.000 a 34.000 asentamientos de este tipo en la actualidad.

Si bien la solución definitiva de ellos escapa a las atribuciones de un alcalde, su realidad es tan dramática que merece que una mejor calidad de vida en ellos sea provista en aspectos en los que el edil sí tiene algo que decir: iluminación, servicio de basura, atención de salud, facilitación de transporte escolar, entre otros, son algunos aspectos en que nuestros alcaldes, como autoridades políticas, pueden colaborar desde su campo de acción.

Estas tres tareas podrían significar para los nuevos alcaldes una oportunidad y un cambio profundo en la calidad del servicio municipal y, como consecuencia, un mejoramiento en la calidad de vida comunal.