Foto: El Mostrador

El incendio ocurrido la semana pasada en el Palacio Iñiguez, ubicado en el casco viejo del centro de Santiago, representa un nuevo llamado de atención respecto del cuidado que recibe el patrimonio arquitectónico nacional. Aunque el edificio no sufrió daños estructurales graves, el siniestro puso en grave riesgo una de las edificaciones emblemáticas de la capital, declarada monumento nacional en 1983.

No está claro todavía cuáles fueron las causas que dieron origen al fuego. La alcaldesa de Santiago pareció responsabilizar a los propietarios del inmueble, quienes, según dijo, no han mostrado disposición para tomar “resguardos mínimos”, pese a que la municipalidad les ha presentado numerosos reclamos, haciendo notar la vulnerabilidad del edificio, levantado a principios del siglo XX por encargo del comerciante español José Santiago Iñiguez. Por otro lado, algunas grabaciones de cámaras ubicadas en el lugar mostrarían que había gente al interior de éste cuando se inició el incendio un poco antes de las 7 AM del martes, lo que, según bomberos, podría sugerir un incendio intencional.

Más allá del necesario establecimiento de las causas y las responsabilidades del siniestro, éste hace evidente la carencia de una política clara de protección al patrimonio. Mientras el Estado se ha hecho cargo de la restauración de edificios emblemáticos, como el Palacio Pereira en Santiago, otros inmuebles han sido recuperados por la voluntad de mecenas privados que han decidido invertir para salvar construcciones de alto valor simbólico. Sin embargo, muchas otras quedan desprotegidas y sobreviven con la constante amenaza del deterioro y las dificultades para revitalizarlas. En un país donde el patrimonio arquitectónico enfrenta la cotidiana amenaza de los desastres naturales, es necesario tomar todas las medidas necesarias para proteger las edificaciones de alto contenido simbólico que aún quedan en pie.