Señor Director:

La urgencia de modificar el obsoleto y centenario marco regulatorio en patrimonio cultural del país se reafirma cada semana de manera dramática y ya no resiste mayores dilaciones.

Un día es la pérdida de valiosos bienes culturales, materiales e inmateriales, que no cuentan con herramientas para su gestión y conservación, como la recientemente incendiada casona en la zona típica de Limache y en la calle Baquedano en Iquique; otro día es la constatación del abandono y deterioro de un sitio Unesco como Valparaíso; otro día son las insostenibles demoras y sobrecostos de proyectos de desarrollo local, por la excesiva burocracia, limitaciones y centralismo del Consejo de Monumentos Nacionales; otro día es el robo de colecciones, como el recientemente ocurrido a los documentos patrimoniales del tren Arica-La Paz, el tráfico ilícito o la destrucción deliberada del patrimonio de nuestras ciudades, fenómenos frente a los que no tenemos herramientas adecuadas de persecución y reparación.

Este diagnóstico no es nuevo, pero se ha visto agravado en los últimos años. Por lo anterior, los abajo firmantes, grupo transversal de personas e instituciones que, desde distintas trayectorias, disciplinas y sectores hemos dedicado nuestro esfuerzo por años al resguardo del patrimonio del país, venimos a insistir en la urgencia de avanzar con la ley de patrimonio cultural aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas en 2022 y que hace más de un año se encuentra en el Senado.

Este instrumento legal, trabajado por años por distintos actores, constituye un avance radical respecto de la situación vigente y contiene elementos de amplio consenso para la modernización y protección del patrimonio cultural de Chile y sus distintas comunidades.

Por ello, solicitamos al Gobierno que pueda reactivar su tramitación sin más demoras e incorporar, durante el proceso, las indicaciones emanadas de las distintas instancias de participación y consulta que se encuentran en curso.

La estrategia actual planteada por el Ejecutivo arriesga que pase otro período de gobierno sin soluciones en la materia, profundizando la pérdida del patrimonio cultural y el impacto en el desarrollo del país.