Señor Director:

Los dictámenes de la Contraloría General de la República, las anulaciones de Permisos de Edificación por parte de la Municipalidad y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, respecto de los edificios cuestionados en Estación Central, no pueden sino llamarnos la atención por las graves consecuencias que ello implica.

Cientos de compradores perderán su patrimonio, fruto del ahorro de muchos años de trabajo y esfuerzo.

Esta acción de la autoridad es un desalojo de los actuales propietarios de los departamentos de esos edificios, esperando la demolición y obligándolos a irse a las periferias, lejos de los servicios y beneficios a los que todos queremos legítimamente tener acceso.

Este es un hecho grave que debe tener pronto una salida legal para no privar a los dueños de esos departamentos de su derecho de propiedad, garantizado expresamente por la Constitución Política del Estado de Chile. No puede ser que una falla del sistema normativo creado por el Estado perjudique a muchos que han ejercido sus derechos, confiados en la certeza de la legalidad de las acciones del propio Estado.