PERMISOS DE EDIFICACIÓN: ARQUITECTOS ACUSAN “INCERTEZA JURÍDICA” Y EXIGEN MESA DE TRABAJO

Tanto la industria de la construcción como la inmobiliaria han planteado su alerta por la paralización de decenas de proyectos a raíz de pronunciamientos del Poder Judicial y la Contraloría. Pero ahora fueron las principales agrupaciones públicas y privadas de arquitectos, las cuales, de manera inédita, se reunieron para analizar el escenario —que califican de ‘crisis’— y emitieron una declaración conjunta. El documento es suscrito por el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Directores de Obras y Profesionales de las Direcciones de Obras de Chile, la Asociación de Arquitectos Revisores Independientes de Chile y la Asociación Nacional de Revisores Independientes.

En el escrito plantean que ‘desde hace un tiempo hemos visto afectado nuestro derecho a ejercer la actividad profesional con confianza (…) debido a la incerteza jurídica por la que atraviesa nuestro rubro’. Añaden que esto se manifiesta ‘en la fragilidad de los permisos de edificación y de los instrumentos de planificación territorial’ derivada de ‘dictámenes y resoluciones de la Contraloría que han invalidado permisos desconociendo la validez de los planes reguladores comunales y pronunciamientos técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las Direcciones de Obras Municipales’.

Añaden que ‘respecto de los permisos invalidados (…), es clara la vulneración de principios como la confianza legítima en las actuaciones de la administración del Estado’ y de ‘los derechos adquiridos de quienes cuentan con un permiso de edificación’.

‘A lo anterior se suma un efecto inesperado, relativo a que numerosos dictámenes del órgano de control instruyen aplicar los nuevos conceptos con efecto retroactivo, ordenando a las municipalidades ‘ajustar’ su plan regulador y a los directores de Obras Municipales a ‘abstenerse de aplicar’ las normas vigentes cuestionadas y a ‘tomar medidas’ respecto de los anteproyectos y permisos aprobados, según los criterios existentes antes de lo dictaminado’, reza el texto.

Se ‘socavan bases’ de planificación urbana

Enrique Barba, presidente del comité de Arquitectos Revisores Independientes del Colegio de Arquitectos, cita casos de iniciativas comerciales y residenciales en comunas como Estación Central, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea, entre otras, que ‘mantienen al gremio con temor para sacar adelante sus proyectos’, ya sean pequeños, medianos o grandes.

En la declaración, los profesionales señalan que la Contraloría objeta normas urbanísticas o permisos de edificación que ya fueron visados por Vivienda y que incluso han pasado por el control de legalidad del mismo organismo contralor. Según las organizaciones de arquitectos, ‘se desconocen principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico’ y con eso ‘se socavan las bases de nuestro sistema de planificación urbana, el ordenamiento territorial y la aprobación de proyectos de arquitectura, con efectos negativos que finalmente repercuten en el empleo y la calidad de vida de todos’.

A juicio de Jorge Guzmán, presidente de la Asociación de Arquitectos Revisores Independientes de Chile, ‘hoy hay 20 mil arquitectos ejerciendo en el país sobre una incertidumbre absoluta, porque cuando tenemos un proyecto aprobado igual ya no sabemos si este es válido o no (…). Eso hace que hoy estén afectados el gremio, las familias que compraron una vivienda, que se impacte el empleo y el desarrollo del país, porque la construcción es uno de los rubros más importantes para la economía’.

Ante esto, los gremios afirman que ‘es de extrema urgencia programar una agenda de trabajo público y privada’. Se trataría de ‘una mesa donde participen el Minvu, los municipios, las direcciones de obras municipales (N. de la R: cuyo desempeño también arroja críticas), la Contraloría, la industria y los gremios’, dice Agustín Pérez, presidente de la Asociación de Directores de Obras y Profesionales de las Direcciones de Obras de Chile. Consultado al respecto, el Minvu asegura que la cartera ha emitido circulares e instrucciones para que la norma urbana vigente ‘pueda ser aplicada de manera correcta y homogénea en todas las comunas’.

Agrega que ‘los municipios —a través de sus direcciones de obras— están dotados de las herramientas jurídicas y técnicas para aplicar la normativa y, de esa forma, resolver los conflictos particulares, dado que al Minvu no le corresponde pronunciarse por alguna situación de uno o varios proyectos que en particular presenten algún cuestionamiento’.

Los problemas

Autorizaciones cuestionadas: Uno de los últimos pronunciamientos de la Contraloría fue sobre las megatorres de Estación Central que, en ausencia de norma comunal, habían obtenido permisos basándose en el plan regulador intercomunal. Así funcionó por más de una década hasta que este año el organismo de control consideró que la aplicación del Sistema de Agrupamiento de Edificación Continua no se ajustaba a derecho. Además, se instruyó un sumario administrativo en la Dirección de Obras de esa municipalidad.

Ley de Aportes: También han sido cuestionados acuerdos que desarrolladores habían alcanzado con municipios previo a la vigencia de la Ley de Aportes al Espacio Público, pese a que el Minvu ha dicho en distintos pronunciamientos que estos son válidos si es que fueron alcanzados antes de la vigencia de la norma (15 de octubre de 2016).

Áreas grises: Los arquitectos reclaman que en 2013 se modificó la Ley General de Urbanismo y Construcción para agilizar los trámites y aclarar las responsabilidades de cada institución y profesional. Sin embargo, aseguran que estas modificaciones todavía no se explicitan en la Ordenanza de Urbanismo y Construcción.

Lee la nota publicada en El Mercurio.