Hace muchos años que las ciudades chilenas no eran espectadoras de un hito tan relevante para su futuro. Las familias que viven segregadas y postergadas del acceso a servicios y espacios públicos dignos no habían conocido en la historia reciente un documento que declarase con contundencia la urgencia de abordar con voluntad política su situación. No se había visto un planteamiento tan amplio que reconociera abierta y consensuadamente la necesaria transformación institucional como condición para avanzar hacia una adecuada planificación y gobierno de las ciudades.

La Comisión Asesora Presidencial para una nueva Política de Desarrollo Urbano ha puesto a disposición del Presidente de la República un texto que se hace cargo de esto y mucho más. Una propuesta de política pública seria, plural, debatida y finalmente consensuada, que se basa en una mirada transversal de la realidad chilena, y no sólo santiaguina.

El cómo se generan las propuestas de políticas públicas no es un accidente menor o lateral; por el contrario, es un antecedente central para juzgar la legitimidad técnica, política y social de las mismas. En este caso, el proceso arranca en el 2001, luego de la derogación de la Política Urbana de 1985, que se retoma el 2008, para llegar finalmente a destino el 2013.

Esta mirada de continuidad -el entender que esta es una política de Estado y no de un gobierno-, la pluralidad, generosidad y altura de miras en el debate, la discusión de parte de los 30 “comisionados”, y una iniciativa presidencial que convocó y puso la tarea por delante, son parte del contexto que considero permitió cumplir con el encargo y abrir una agenda de trabajo para los próximos 20 años en materias de desarrollo urbano.

Con los ejes centrados en la integración social urbana, la competitividad económica de nuestras ciudades, el respeto por el medioambiente y por nuestro patrimonio (todo vinculado a una mirada crítica hacia la institucionalidad vigente), esta propuesta de Nueva Política de Desarrollo Urbano señala con claridad un programa de gobierno en materias urbano-ambientales para cualquier aspirante a La Moneda.

Siendo prácticos, la inminente promulgación de una Política de Desarrollo Urbano permitirá al ciudadano común medir la consistencia de proyectos o intervenciones urbanas con los principios rectores que orientarán el desarrollo del país en esta materia. No será excusa la no modificación de cuerpos legales para evitar ser analizado y medido en el cumplimiento de los objetivos de integración, competitividad, sustentabilidad, respeto por la identidad y patrimonio, participación ciudadana y planificación integral de la ciudad.

Es difícil dimensionar sus efectos en el mediano y largo plazo; sin embargo, sus impactos dependerán en gran medida de que esta política sea conocida y apropiada por los entes reguladores, centros académicos, políticos y legisladores, autoridades electas, arquitectos urbanistas e ingenieros de transporte y ciudadanos comunes y corrientes. Su origen y gestación plural vislumbran un futuro promisorio. Finalmente, la ciudad tendrá su política; esperemos que los políticos consideren a las ciudades.