Señor Director:

La inexplicable demora del gobierno para que se tramite prontamente la Ley de Patrimonio hasta su aprobación en el Senado, es una mala señal que se suma a la indolencia de las autoridades en general respecto del calamitoso estado en que se encuentra el patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades. La única posibilidad de recuperar los edificios, monumentos y espacios públicos degradados, violentados y vulnerados, es contar de una vez por todas con una ley moderna con herramientas de protección patrimonial eficientes, además de un presupuesto suficiente y los requisitos y sanciones efectivas para promover el respeto por lo construido y que es propiedad común que deba ser mantenida y cuidada.

En su reciente columna el arquitecto Pablo Allard insta a la pronta tramitación y aprobación de la Ley de Patrimonio por parte del Congreso y pide al Ejecutivo iniciar acciones en pos de contar urgentemente con esta herramienta legal.