En el contexto del debate del proyecto de ley de Protección del Territorio y la Vida Rural, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, encabezó el encuentro con el lanzamiento del libro “El impacto de las parcelas de agrado en Chile”. Esta publicación, elaborada por el Centro de Estudios Ciudad y Territorio de la cartera, aporta nuevos conocimientos y datos-que quedarán disponibles en un mapa interactivo- sobre las dimensiones del fenómeno y sus impactos en el territorio.

El seminario abordó la creciente problemática de las parcelaciones en áreas rurales, que según datos presentados, han afectado 236.465 hectáreas en todo el país, equivalente a nueve veces la superficie de la comuna de Santiago. Este fenómeno ha generado efectos negativos como la pérdida de suelo agrícola, presión sobre recursos hídricos y fragmentación de ecosistemas.

En el encuentro, participó el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), José Guajardo, el arquitecto y docente de la Pontificia Universidad Católica, Sebastián Gray; Isabel Serra jefa (s) del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minvu y Paulina Saball ex ministra de Vivienda y Urbanismo.

La directora de AOA destacó la necesidad de alinear las medidas propuestas con la urgencia del problema. Explicó: “Hay una discrepancia entre el documento de impacto presentado hoy y las medidas propuestas en el proyecto de ley, dado que si bien se reconoce la urgencia en abordar el problema, la solución planteada es crear nuevos instrumentos de planificación que regulen el suelo rural. Esta respuesta no parece corresponder con la inmediatez requerida”. Señaló que mantener la subdivisión en 5.000 m2, con mayores requisitos y fiscalizaciones y dejar la solución a nuevos reglamentos y a la formulación de instrumentos de planificación como los PROT y los intercomunales, no se condice con la urgencia planteada en el documento presentado.

Asimismo, Rojas propuso un enfoque alternativo para abordar el problema de las subdivisiones: “La subdivisión no debería ser el factor principal del debate, ya que por sí sola no genera el problema. Es importante plantear el problema desde otra perspectiva, ya que, en la práctica, es la acumulación de micro subdivisiones la que está dando lugar a un proyecto y su impacto en el territorio. En lugar de enfocarnos en la forma de subdividir en 5.000 metros cuadrados, podríamos considerar una proporción de uso en relación con el territorio total”, a modo de ejemplo señaló, es mejor un terreno de 2 hectáreas con fines agrícolas en el cual se pueden construir 4 casas, haciendo más eficiente las soluciones eléctricas y sanitarias particulares como asimismo la producción silvoagropecuaria, que tener 4 terrenos subdivididos de 5.000 para los mismos fines.

En este sentido a diferencia de lo expresado por el Ministro Montes, Rojas expresa que la copropiedad implementada en el territorio rural es una mejor forma de proteger dicho territorio, ya que evita la subdivisión del terreno y al mismo tiempo tiene las herramientas de regulación del uso y administración del suelo.

El proyecto de ley en discusión propone fortalecer la fiscalización y regular las subdivisiones prediales para asegurar que el suelo rural siga destinado a fines silvoagropecuarios, además de crear conjuntos residenciales rurales que deberán cumplir con estrictas condiciones para mitigar su impacto ambiental y territorial.

La AOA ha participado activamente en este proceso desde sus inicios, destacando la importancia de que esta ley aborde de manera integral las problemáticas que afectan a las zonas rurales. La asociación ha insistido en que la legislación no solo debe ocuparse de las cuestiones relacionadas con las parcelaciones, sino también abordar con igual rigor los desafíos planteados por las tomas de terrenos y loteos irregulares. La AOA considera estos fenómenos como parte fundamental de la problemática que actualmente aqueja a las áreas rurales del país.