La ciudad ha sido siempre un hecho político y social complejo, y por esta razón la Ley General de Urbanismo y Construcción reconoce la importancia de una política antes de cualquier acto de planificación en el territorio. Sin embargo, entre el año 2000 y 2014 Chile no contó con una política urbana. Muchos creemos que esta prolongada ausencia explica el desorden en el crecimiento de las ciudades chilenas,  que vivimos hasta nuestros días. Finalmente, el año 2014 se promulgó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la cual está en sus contenidos plenamente vigente, porque nada de lo que está ocurriendo hoy en nuestras ciudades no está explícitamente advertido o escrito en ella.

Esta nueva política estableció los grandes principios y valores para orientar el desarrollo de las ciudades, en otras palabras, definió una ética urbana. Pero la PNDU fue un poco más allá y para que sus contenidos se implementaran, creó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) con la tarea de actualizar sus contenidos y vigilar su cumplimiento. Podemos decir que, por primera vez, Chile contaba con una política urbana y, además, con un órgano autónomo, transversal y pluralista, que velaría por los principios de calidad de vida, sustentabilidad, integración social y patrimonio, entre otros.

El CNDU se transformó paulatinamente en un espacio de discusión transversal, con actores del mundo público, privado, social, gremial y académico, sin distinción política y con libertad republicana de expresión y trabajo. Muchos países y organismos internacionales han celebrado y elogiado que Chile sea uno de los pocos países de la región que cuenta con una política urbana y, además, con una institucionalidad para su implementación como el CNDU.

El aporte de este Consejo en sus ocho años de existencia es enorme: primero, porque ha conducido la discusión nacional sobre el devenir de las ciudades; segundo, porque su voz ha sido muchas veces escuchada en las discusiones parlamentarias y en el diseño de nuevas leyes y reglamentos; tercero, porque muchas de sus propuestas son referencias obligadas en los programas y planes de los ministerios más urbanos; cuarto, porque su Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) se emplea como instrumento oficial (INE) de monitoreo de la calidad de vida para 114 ciudades del país; quinto, porque el CNDU creó el Consejo de Organizaciones Ciudadanas y luego los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano a lo largo del país; sexto, porque su propuesta de reconocimiento del derecho a la vivienda y la importancia de la ciudad en el borrador de nueva constitución fue atentamente escuchada y debiera formar parte un texto final. Pero por sobre todo, porque el CNDU ha permitido elevar los estándares de discusión sobre las ciudades y mirar hacia el futuro, lo que no es fácil en un país que tiende a preocuparse sólo por lo urgente.

Ahora bien, nunca será una tarea fácil vigilar el cumplimiento de una política, porque esto siempre incomodará a algún actor público o privado. Pero alguien debe hacer esta labor, pues una política pública sin institucionalidad es letra muerta, como podrían serlo también los más de 16 documentos con propuestas elaborados por el CNDU, si este órgano no tiene continuidad, cesa sus funciones o pierde su autonomía.

Esto es una amenaza real, porque transcurrido siete meses desde que las nuevas autoridades de gobierno asumieran sus cargos, y el CNDU se encuentra paralizado, sin el nombramiento de sus consejeros(as) y sin presidente(a) que lo conduzca. Es difícil evitar la pregunta ¿por qué?, es difícil imaginar quién cumplirá la labor de vigilancia de la CNDU y quién será la voz de las ciudades sin un CNDU robusto y autónomo.