Señor Director:

En un país en el que desde todos los sectores pareciera haber un consenso respecto de que la desigualdad y la exclusión social son el karma que nos ha conducido a un descontento creciente y a una discriminación cada vez más cruel y obviamente muy injusta en nuestras ciudades y territorio urbano, pareciera un contrasentido rechazar la idea de legislar acerca de la Ley de Integración Social que estaba en segundo trámite constitucional en el Senado de la República.

En efecto, se ha perdido una oportunidad para que con la generosidad de todos los sectores, se lograra un cuerpo legal que habría sido útil para disminuir las desigualdades que hoy imperan en nuestras ciudades, extremadamente segregadas y no menos injustas.

Sin embargo y sin entrar a analizar esta paradoja, porque supongo que nadie podría estar en contra de una ley bajo el título tan atractivo de ‘Integración Social y Urbana’, en mi opinión, se abre una oportunidad para el Gobierno de lograr los mismos objetivos que la ley pretendía, mediante los cuerpos legales que hoy existen y que son suficientemente robustos como para comenzar una política pública que, en el corto plazo, resuelva los problemas urgentes de integración social de nuestras ciudades, asunto que no se ha enfrentado con voluntad y energía hasta el momento.

Basta recurrir a los cuerpos legales existentes y a los contundentes documentos elaborados por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para poner en práctica acciones inmediatas que vayan en directo beneficio de la gente, no con bonos ni ayudas, sino que con un decidido y eficaz trabajo conjunto de las autoridades, poniendo el énfasis en el contacto entre los alcaldes y el Gobierno central para obtener resultados rápidos y eficientes.