EL DOMINGO pasado se escribió una nueva y lamentable historia que tiene lugar en un bus del Transantiago. El asesinato de dos menores de edad pone al descubierto otra más de las falencias de nuestro maltrecho sistema de transporte metropolitano. Fue el propio ministro de Transportes quien reveló que las cámaras de grabación que debían existir en los buses del sistema ya no estaban en su lugar o bien estaban inservibles; cámaras cuyo objeto era justamente mejorar las condiciones de seguridad de choferes y pasajeros.

El Transantiago, obviamente, no es el culpable del cruel hecho, sin embargo, la falta de fiscalización sobre lo que realmente se entrega como servicio contribuye a la impunidad de los antisociales y la sensación de inseguridad dentro de la comunidad. Desde esta perspectiva, el modelo del Transantiago parece definitivamente agotado y sin respuestas en ninguno de los ámbitos que le son propios.

El diseño original del sistema contenía grandes promesas, tales como la racionalización de los recorridos, el alto estándar de la flota y su servicio con tarifa integrada, la seguridad de los usuarios, la disminución de la contaminación atmosférica y la disminución radical de la cantidad de buses en las calles que permitiría recuperar espacios para el peatón y la vida urbana en general.

La realidad es totalmente distinta. A la fecha, el parque de buses está en torno a las 7.000 máquinas, cuando la promesa original era llevar la cifra de las 8.500 micros amarillas a 5.000 buses no contaminantes. Se suma también la quiebra de operadores, el fallo del administrador financiero, la inoperancia del monitoreo satelital de flota y el reciente descubrimiento de que las cámaras de grabación no existen. Más allá de las cifras está el drama humano de miles de personas que todos los días sufren las interminables esperas en hora punta y la aventura de lograr tomar un bus de acercamiento sin tener que lamentar repetir la espera del viaje ya terminado arriba de un bus troncal. El alza de las tarifas, empujada por el impuesto específico a los combustibles, agrava aún más la situación.

Es de conocimiento público que el ministro de Transportes ha puesto empeño en avanzar con soluciones definitivas. El mayor esfuerzo se ha puesto en la generación de acuerdos para modificar los contratos vigentes, que según los expertos es una de las principales causas del mal funcionamiento del sistema.  Se comenta que esos acuerdos se podrían formalizar hacia fines de este año. La advertencia es que la sola firma de nuevas condiciones contractuales no asegura la solución al problema. Es relevante que se establezcan los mecanismos de fiscalización y los dineros, para que así como existe una flota de buses, exista una «flota de inspectores» que hagan respetar las nuevas condiciones.

Los ministerios sectoriales no sólo son responsables de evacuar las políticas, sino de supervigilar el cumplimiento en la provisión de servicios de primera necesidad. Las superintendencias no sólo debiesen aplicar a lo ambiental, a la educación y a los servicios sanitarios, sino también al transporte público.