Han transcurrido casi tres años desde que el sexto terremoto más grande del que se tenga registro en la historia moderna impactara nuestro país con devastadoras consecuencias. El tiempo nos permite mirar con perspectiva y evaluar el proceso de reconstrucción liderado por el Gobierno. Hoy los avances físicos están a la vista, y las miles de soluciones habitacionales entregadas y obras en construcción -equivalentes al 90% de las 222 mil viviendas- nos permiten alejarnos de la discusión cuantitativa para centrarnos en los aspectos cualitativos del plan, entendiendo de mejor manera la complejidad de este trabajo y la calidad del proceso que se está llevando a cabo.

Los procesos de reconstrucción post desastres normalmente se orientan a reponer lo destruido. En este caso, la decisión del Gobierno fue distinta. Desde un inicio creímos posible transformar el desastre en una oportunidad para reconstruir un Chile mejor, y el foco de la reconstrucción se centró en las necesidades de las personas damnificadas, y no sólo en reemplazar los inmuebles dañados.

Sobre la base de este principio básico tomamos decisiones difíciles, que aumentaron la complejidad del desafío, pero que estamos seguros de que socialmente son las más sustentables, evitando desplazamientos masivos de los afectados y permitiendo a las familias volver a la normalidad de la manera más natural posible.

Decidimos reconstruir todas las viviendas destruidas en el mismo lugar donde se emplazaban. Esto significó levantar decenas de miles de casas en sitios dispersos geográficamente en el territorio, complejizando el trabajo logístico y operacional en su construcción. También significó romper con la construcción masiva de conjuntos de viviendas en terrenos localizados en la periferia urbana, mecanismo con el cual el Minvu venía trabajando hace más de 30 años. Esta decisión implicó cambios mayores para la industria de la construcción en aras de otorgar una gran satisfacción a las familias por cuanto respeta su arraigo territorial, consolida las redes sociales vecinales y regenera los barrios que fueron deteriorados por el terremoto.

Además, tomamos la decisión de incluir al programa de reconstrucción a toda familia que habitaba una vivienda destruida, sin exigir que fueran propietarios. De este modo incorporamos a las familias más vulnerables que vivían en condición de allegados o arrendatarias.

Modificamos e innovamos en los mecanismos de asignación de subsidios, de manera que las familias damnificadas pudieran elegir sus viviendas, empoderándolas de su condición de propietarios. Generamos mecanismos de autoconstrucción para reparaciones y construcción de viviendas nuevas, promoviendo la participación activa de las familias al autogestionar sus propias viviendas con asistencia técnica profesional. Implementamos una amplia batería de soluciones y aproximaciones distintas para poder responder a la diversidad de problemas y comunidades afectadas.

También se generaron planes de reconstrucción y regeneración urbana que integraron consultas ciudadanas y participación colectiva. En definitiva, se crearon mecanismos e instancias a nivel habitacional y urbano para que las propias familias conformaran el centro del proceso de reconstrucción.

Se crearon incentivos especiales para la recuperación de las ciudades y localidades con marcado interés patrimonial, con el objetivo de preservar la imagen y el entorno urbano, promover su desarrollo enfocado al turismo, y mantener la historia y cultura presente en estos lugares.

En las ciudades del borde costero afectadas por el tsunami se contrataron estudios científicos de riesgo y la modelación de distintos escenarios de inundación para diseñar las obras de mitigación necesarias. Además, se crearon subsidios y diseños especiales para las viviendas localizadas en zonas de inundación y se identificaron vías de evacuación y zonas seguras, que hoy están debidamente señalizadas y que son conocidas por la población. Estamos construyendo ciudades resilientes, que reconocen el riesgo natural implícito en su localización, pero que conviven con este de manera segura y responsable, conscientes de que futuros eventos pueden volver a ocurrir y que debemos estar preparados.

Nuestro Gobierno ha liderado este inmenso desafío mediante un sistema articulador e intermediador, a través del cual se ha integrado a todos los actores de la sociedad en esta tarea país, aprovechando las sinergias de cada uno de los sectores y, por supuesto, de las mismas comunidades afectadas. Lograr el correcto balance entre el liderazgo del Gobierno, el fomento de la libre competencia y vitalidad del sector privado, y la participación de la ciudadanía ha sido clave para el éxito de este proceso.

Estamos seguros de que todos estos factores han conducido a que hoy nuestra experiencia sea reconocida internacionalmente como un caso ejemplar de recuperación post desastre, pero sobre todo a que la reconstrucción sea un proceso valorado por las mismas familias afectadas, el cual implica mucho más que el solo reponer las pérdidas físicas sino que recuperar la normalidad en las vidas de miles de chilenos.