La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha alertado sobre deficiencias de las políticas habitacionales de nuestro país. «Chile ha sido altamente exitoso en reducir su déficit habitacional, gracias a una política pública ambiciosa. Sin embargo, se ha enfocado excesivamente en la cantidad, sin considerar aspectos importantes para su efectividad a largo plazo», observa su informe. «Esto ha tenido como resultado una concentración de la vivienda social en la periferia, y áreas lejanas al trabajo y los servicios, sin transporte e infraestructura, y con una alta incidencia de problemas sociales como pobreza, desempleo y delincuencia».

Desde que Chile es miembro de la OCDE (2009), es la primera vez que dicho organismo examina las políticas urbanas del país. Esto es positivo, ya que se ingresó a ella precisamente para tener un referente que facilitara la eventual adopción de buenas prácticas internacionales correspondientes a un desarrollo más alto que el nuestro. Lo ahora expuesto por esa organización en cierto modo refleja ese distinto nivel: Chile viene recién saliendo en los últimos años del déficit habitacional propio de los países en desarrollo, algo que el resto de los miembros de la OCDE lograron hace ya tiempo. Desde esa perspectiva, no extraña que ese organismo muestre que Santiago es la ciudad más desigual entre las 30 evaluadas (Londres, París, Milán y semejantes).

Este informe es valioso como alerta. En general, Chile ha logrado un nivel de construcción de viviendas sociales que ha permitido prácticamente eliminar la marginalidad habitacional propia de los países latinoamericanos y de la mayor parte de aquellos en vías de desarrollo. Así, por ejemplo, los campamentos o «villas miseria» prácticamente han desaparecido. Sin embargo, resuelta esa primera necesidad, han quedado al descubierto efectos no deseados de esa política, que ahora resalta la OCDE: guetos urbanos, conformados por blocks con departamentos ínfimos, en barrios sin áreas verdes ni buena locomoción y con focos de hacinamiento.

Otro reparo es la dificultad de traslado de las familias que necesitan moverse por nuevos y mejores empleos. Al respecto, propone la creación de un subsidio de arriendo, con un mercado de viviendas bien localizadas. También plantea el fin de las exenciones tributarias a los bienes raíces que establece el DFL-2, por la escasa focalización de este subsidio en los más necesitados y su efecto en el ingreso de las municipalidades.

La advertencia de la OCDE llega en buen momento, que coincide con políticas que ha comenzado a aplicar el actual Gobierno para corregir distorsiones. Una medida importante es la demolición de antiguos blocks , para establecer áreas verdes, cuyo plan piloto ha comenzado en Puente Alto. Al mismo tiempo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha anunciado que trabaja en un nuevo subsidio de arriendo que se iniciaría a fines de año para fomentar la movilidad de las personas -algo fundamental- y que comenzará con un llamado piloto para entre 15 mil y 20 mil familias. Se busca focalizarlo en familias jóvenes y vulnerables que reciben ofertas laborales, por lo cual no tiene sentido entregarles viviendas que les impidan moverse (es de notar que menos de 5% de las familias chilenas se han cambiado de casa en los últimos dos años, según estadísticas del informe comentado, lo que sitúa a Chile como el penúltimo país en el índice de movilidad residencial de entre sus miembros). Y entre otros varios ejemplos de coincidencia de la autoridad con propuestas de la OCDE, se incluye el de subsidiar a proyectos de vivienda de clase media que se mezclen con otras vulnerables en los denominados «Programas de Integración Social» (PIS).

Chile ha comenzado, pues, a dar pasos concretos para corregir la segregación de sus ciudades, un problema de alta significación social en la vida de su población.